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COMUNICADO DE PRENSA

  CODHES como parte del Grupo Articulador Regional del Plan de Acción de Brasil (GAR­PAB),

la Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México (CAMMINA), la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM), entre otras organizaciones latinoamericanas instan a:

 

Los Gobiernos que asisten a la Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes, Asamblea General de las Naciones Unidas

 

 ASEGURAR ESTÁNDARES MÁS ELEVADOS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL COMO RESPUESTA ARTICULADA A LA CRISIS HUMANITARIA EN AMÉRICA LATINA, ESPECIALMENTE EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA

 

 

 

A pesar del consenso para caminar hacia el cumplimiento de la obligación que tienen los Estados de garantizar, respetar y promocionar derechos humanos, las decisiones de los gobiernos de América Latina han estado dirigiéndose hacia una profundización de las políticas restrictivas, detención y deportación con base en una perspectiva de seguridad nacional, permeadas además de rasgos xenófobos y racistas, provocando la criminalización de la migración, serias consecuencias humanitarias inmediatas y graves vulneraciones a derechos humanos.

 

Esta grave crisis en los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) y México, además del desafío que suponen los movimiento migratorios mixtos provenientes de países del Caribe, Asia y África, requieren que se aseguren los estándares más elevados de protección internacional como respuesta articulada a la crisis humanitaria en la región.

 

Ante este desafío instamos a los gobiernos de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, México, Estados Unidos a:

 

- Consolidar espacios fronterizos y de tránsito seguros por medio de acciones encaminadas a la identificación oportuna de solicitantes de asilo y otras personas con necesidades de protección, garantizar el derecho a la libertad personal, el respeto al principio de no devolución, la atención oportuna de estas personas mediante su referencia inmediata a las instituciones nacionales de protección y la satisfacción de sus necesidades diferenciadas de protección.


- Generar acciones coherentes con políticas de fronteras nacionales en base a los estándares de derechos humanos, privilegiando el marco de seguridad humana y competitividad regional, y no el enfoque de seguridad nacional o fronteriza, tomando en cuenta los diferentes perfiles que existen en las poblaciones para una eficaz protección.


- Retomar los estándares de protección internacional más altos, como la Declaración de Cartagena, la OC21 respecto de la no privación de la libertad de la infancia en contexto de movilidad humana, para concretar en acciones inmediatas que representen un cambio en terreno y no solo en procedimientos formales, para que las personas migrantes, desplazadas internas, refugiadas y solicitantes de asilo hagan efectivos sus derechos y existan medidas alternativas a la detención administrativa migratoria.


- Establecer planes de trabajo en el corto, mediano y largo plazo que puedan ser implementados, evaluados y con el respaldo de la cooperación regional, siguiendo las propuestas ya consensuadas en instrumentos como el Plan de Acción de Brasil (PAB), y retomando un abordaje multisectorial que convoque la vinculación y colaboración entre los gobiernos, organizaciones de sociedad civil, academia, iglesias, organismos bilaterales e internacionales, diásporas y sector privado.


- Comprometerse a la práctica continúa de fortalecer los mecanismos de protección nacionales y una coordinación a nivel regional, con la finalidad de brindar soluciones desde la responsabilidad que tienen cada uno de ellos ante esta crisis humanitaria.


- Reforzar los canales legales y seguros para migrar en la región habilitando programas de admisión humanitaria, visados de reunificación familiar, becas estudiantiles, patrocinios privados y programas de reasentamiento de refugiados.

 

- Implementar modelos de desarrollo humano coherentes con los diferentes escenarios de la región basados en un nuevo pacto social que impulse el bienestar de las mayorías y sin que la cooperación sea una imposición de modelos de desarrollo económico que abonen a las causas estructurales de la movilidad humana.


- Abordar el tema de la discriminación, el racismo y la xenofobia desde la óptica de la inclusión e integración a partir de políticas públicas y programas que aminoren las desigualdades económicas y de poder político, que son parte de las causas de estos fenómenos.

 

Para mayor información:​
Mónica Salmón
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Suscriben​:
El Grupo Articulador Regional del Plan de Acción de Brasil (GAR­PAB)
La Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México (CAMMINA)
Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)

 

DESCARGUE EL COMUNICADO EN PDF AQUÍ

 

 

 

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