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CONSULTA PREVIA Y MODELOS DE DESARROLLO

 El Programa Regional Proindígena de la GIZ y los socios de la Red de Observadores de la Consulta Previa en América Latina (RED OBSERVA), publican una selección de artículos que invitan a la reflexión sobre los 25 años del Convenio 169 de la OIT y su verdaderos impactos en el buen vivir de los pueblos étnicos en la región.

 

CODHES participa de esta publicación con artículos de los investigador@s de su equipo étnico.

 

 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un instrumento internacional vinculante para exigir respeto de los derechos a la participación, la autodeterminación y el territorio de pueblos y comunidades étnicas, cuando se trata de decidir medidas administrativas o proyectos de inversión que pueden potencialmente afectarles. 

  

Sin referirnos a su exigua ratificación en Europa, África, Asia y Oceanía, el balance de su implementación en el continente americano se asemeja a un juego de espejos con imágenes contrastantes. El alto índice de adhesión en la región, con 15 de los 22 países que hasta la fecha lo suscriben, refleja un mayor interés de los Estados por dar tramite institucional a los proyectos económicos que pretenden impulsar en los territorios colectivos.

Existen, sin embargo, países que se resisten a suscribirlo por el carácter vinculante y garantista de su contenido, al que consideran un freno al desarrollo o un camino expedito para que el “interés minoritario étnico se imponga sobre el interés mayoritario nacional”.


Nuevos desarrollos normativos y jurisprudenciales sobre consulta previa en Perú, Guatemala, Chile y México se suman a las hasta hace poco solitarias sentencias de la Corte Constitucional de Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ello dibuja un escenario más amplio de aplicación de un derecho que permaneció casi inactivo a pesar de haberse pactado una o dos décadas atrás. Junto a esta imagen positiva otras no tan halagüeñas aparecen también en el espejo: el Convenio se conoce poco y cuando se ejerce parece reducirse a un ritual de participación donde lo que importa es completar la lista de chequeo del procedimiento, en lugar de ser un derecho sustancial que resguarda otros 10 derechos fundamentales.

 

La lectura recortada del derecho, dominante en muchos de los actores involucrados, interpone serias dificultades para que la exigibilidad del consentimiento se concrete. Los retos futuros tampoco son pocos. Con el avance de la matriz minero –energética, la presión sobre los territorios étnicos ha aumentado exponencialmente en la región. De allí la avalancha de solicitudes de consulta a comunidades poco o medianamente preparadas para afrontarlas, la prisa estatal y empresarial para moderar sus alcances mediante la reglamentación y el notorio incremento de los conflictos étnicos y socio ambientales por esta sumatoria de factores.

 

Prácticamente no hay un país donde estas tensiones no se manifiesten. Si las urgencias económicas caminan más rápido que la sensibilidad para reconocer derechos y actuar en consecuencia, ¿ puede la consulta previa, libre e informada resolver todos los problemas? Responder afirmativamente significa sobrecargar de expectativas el etéreo mundo del derecho cuando la mirada debe volcarse hacia el concreto mundo del mercado. Solo si las economías se diversifican para no depender de la explotación de recursos no renovables, las sociedades disminuyen conscientemente sus adicciones consumistas y los movimientos sociales étnicos y campesinos acumulan la fuerza suficiente para autogobernar sus tierras, territorios y recursos, podrán generarse las condiciones para el Buen Vivir que se propone desde el Abya Yala.


Balances y desafíos regionales en la implementación del Convenio 169; derecho fundamental a la participación: aprendizajes a partir de la lectura de casos de consulta e identidades emergentes y gestión autónoma de territorios son las tres secciones que conforman la publicación. Mediante interpretaciones socio jurídicas, estudios de caso y análisis comparados, los colaboradores tratan de responder varios interrogantes sobre el sentido y la eficacia de la consulta previa en nuestros países.

 

CODHES participa de esta publicación con artículos de sus invetigador@s Patricia Tobón y Fernando Vargas. Patricia Tobón, abogada indígena, en conjunto con Ana Manuela Ochoa, reconstruyen el recorrido de la Mesa Permanente de Concertación entre el Estado y los Pueblos y Organizaciones Indígenas en Colombia, desde su creación en 1996 hasta la actualidad. Respecto de la consulta previa, Tobón y Ochoa analizan los dilemas de reglamentación propuesta por el Estado, al igual que las inconsistencias que presentan las consultas cuando éstas se realizan en contextos de violencias múltiples contra los pueblos indígenas.

 

Por su parte Fernando Vargas retoma la cuestión del consentimiento previo, libre e informado en el análisis de dos procesos de interlocución étnica con el Estado en los que participó de manera directa como asesor: el de la nación U’wa en el territorio ancestral Kajka Ijka y el de la Movilización de Mujeres Afrodescendientes por la Vida y los Territorios Ancestrales del Corregimiento de La Toma, en el departamento del Cauca.

 

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