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Comunicado de CODHES sobre el modelo de participación planteado por el Gobierno Nacional para responder al Sub-punto 5.1.3.7 del Acuerdo de Paz  (participación de las víctimas en la adecuación de la política de atención y reparación)

 


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Marzo de 2017

 

Reconociendo la complejidad y retos que trae consigo la implementación del Acuerdo de Paz en un esquema de vía rápida (fast track), recordando que CODHES es una organización de Derechos Humanos que respalda dicha implementación en un marco de garantías de la bilateralidad, autenticidad y participación social en las reglamentaciones correspondientes, y saludando como positivo que se haya organizado el proceso de discusión sobre los ajustes de la ley de víctimas y normativa complementaria, nos permitimos señalar los siguientes aspectos críticos y preocupantes que presenta el modelo recientemente formulado por el Gobierno Nacional para atender a lo establecido por el sub-punto 5.1.3.7 según el cual se precisa de una adecuación ampliamente participativa de la actual política de atención y reparación a víctimas al Acuerdo de Paz, denominado “Proceso amplio de participación”:

 

a) El modelo del Gobierno se focaliza en propuestas de ajuste a la política pública de víctimas, dejando por fuera la posibilidad de ajustes normativos (contrariando de esta manera lo expresamente pactado en el Acuerdo).

 

b) En el modelo se definen cuatro grandes temáticas para hacer propuestas de ajuste que a pesar de ser pertinentes dejan por fuera muchas otras, por lo demás de gran importancia para las víctimas en el marco de la implementación del Acuerdo. Deberían tenerse como referencias para definir los campos a los que pueden referirse los ajustes, los planteados en el propio Acuerdo:

 

1) Los ajustes a las normas y disposiciones de política pública referidos al fortalecimiento de la política de atención y reparación integral de las víctimas. En este campo se pueden incluir todos aquellos aspectos relacionados con las limitaciones de la ley de víctimas y normativa complementaria, las respuestas a los problemas de implementación y las temáticas que tienen que ver con los recursos para la financiación de la ley de víctimas, entre otras;

 

2) Los ajustes a las normas y disposiciones de política pública necesarios para adecuarla a las necesidades y oportunidades del nuevo contexto. Ello incluye las definiciones temporales sobre la condición de víctima, sobre la inscripción y sobre vigencia de la propia normativa de víctimas. También las que apunten a construir soluciones duraderas, para que terminado el conflicto también se restablezcan los derechos de las víctimas y se reconstruya su condición de ciudadanos plenos. Aunque en la propuesta del gobierno se proponen para la discusión temas relacionados con soluciones duraderas en materia de desarrollo rural y agrario, no sucede lo mismo con las soluciones duraderas para los habitantes de las ciudades (que pueden llegar a ser más del 75% de las víctimas), y respecto de la situación de las víctimas en el exterior.

 

3) Los ajustes a las normas y la política pública de víctimas requeridos para que contribuyan de manera efectiva a la convivencia, a la no repetición y la reconciliación que incluye, entre otras cosas, el rol de las víctimas como actores de paz y reconciliación, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y especialmente el de acceder a medidas de no repetición.

 

En este caso, es necesario que se reconozca que los cuatro (4) temas actualmente definidos por el gobierno son los que le interesan al propio gobierno, pero aceptarse que las víctimas pueden proponer otros universos de discusión que deben ser incluidos. Así lo establece el texto del Acuerdo cuando indica que “el gobierno pondrá en marcha un proceso con la más amplia participación posible de las víctimas y sus organizaciones para la discusión de sus propuestas con las autoridades competentes”.

 

c) Organizar un proceso en el cual participan 2.400 víctimas en 24 encuentros regionales, 3 encuentros con academia y expertos y 5 encuentros con autoridades es un esfuerzo importante para asegurar la participación de las víctimas. Sin embargo, no podría concluirse que con ello se garantizó “un proceso efectivo con la más amplia participación posible de las víctimas y sus organizaciones promoviendo espacios para la discusión de sus propuestas con las autoridades competentes”, como establece el Acuerdo de Paz. Para garantizar el ceñimiento a lo establecido en el Acuerdo, se requiere:

 

1) Llevar a cabo una invitación pública para que las más de 1.100 Mesas de Participación, las organizaciones de víctimas y las víctimas no organizadas, así como los sujetos de reparación colectiva elaboren propuestas y las envíen al gobierno, de tal manera que éste las haga conocer a los demás actores participantes del proceso. Para el efecto, sería de gran valía contar con una página Web, en la cual aparezcan las propuestas del gobierno y las propuestas de las mesas, de las organizaciones, de las víctimas, de los expertos y organizaciones acompañantes;

 

2) El Gobierno debería enviar sus propuestas a las Mesas de Participación y a los sujetos de reparación colectiva –especialmente los de carácter nacional-, en todos los niveles y hacerlas conocer de las víctimas utilizando los medios masivos de comunicación, con anterioridad suficiente a la realización de los eventos, para que las víctimas puedan analizarlas y elaborar observaciones o propuestas alternativas;

 

3) Pueden haber encuentros separados de las Víctimas y de las autoridades competentes, como se propone en el modelo del gobierno, pero las autoridades deben asistir a los encuentros de las víctimas y discutir directamente con ellas porque así lo establece el Acuerdo.

 

4) Debería garantizarse que las propuestas de las víctimas reciban una respuesta como lo establece la propia ley de víctimas.

 

5) Debería garantizarse que quien lleve a cabo las relatorías y sistematice las propuestas de las víctimas sea un actor ajeno a la institucionalidad, colegiado, plural y de carácter técnico, para garantizar la neutralidad y objetividad del trabajo.

 

d) En el caso del proceso participativo de las víctimas en el exterior, se destaca el importante trabajo de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas el cual puede considerarse como significativo por tratarse del primero de carácter participativo organizado por el Estado colombiano en el exterior. Sin embargo, es necesario que éste sea un proceso que involucre las diversas entidades del Estado con competencias en la reparación integral y la implementación del Acuerdo de paz, en especial, la Cancillería colombiana. Partiendo de la inexistencia de procesos de participación de víctimas en el exterior hasta la fecha, el proceso amplio debería garantizar lo siguiente:

 

1) Su articulación con procesos autónomos de víctimas en el exterior, en términos de metodología y temporalidad, es decir, el o los encuentros que se lleven a cabo en el marco del sub-punto 5.1.3.7 deberían tener en cuenta las recomendaciones de otros encuentros autónomos y legítimos de diferentes países;

 

2) Un proceso de difusión amplio, con información completa presentada con suficiente antelación a la realización del encuentro;

 

3) Una participación incluyente, desde diversos países, con el apoyo complementario de consulados y respaldada por procesos organizativos;

 

4) El abordaje de temáticas coherentes con las particularidades de la reparación a víctimas en el exterior, para escuchar y ejecutar propuestas de reforma normativa o de creación de estatutos de protección especial y diferencial;

 

5) La inclusión de reflexiones y estrategias dirigidas a defender y garantizar la protección internacional de los refugiados colombianos con posterioridad a la firma del acuerdo de paz;

 

6) La discusión sobre retornos, sin que ello implique la promoción de los mismos, antes bien que se garantice la inclusión de la reparación a través de soluciones duraderas como la integración local en los países de acogida.

 

Bogotá, marzo de 2017

 

 

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