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Comunicado

EL CAPITULO ÉTNICO DEL ACUERDO FINAL Y LA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN

5 de abril de 2017

 

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento saluda con entusiasmo la firma del Decreto Ley que crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, al igual que las normas que crean el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre otras, y alienta a todas las partes involucradas a continuar de manera decidida con la implementación efectiva del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP y ratificado por el Congreso de la República en noviembre de 2016.

 

CODHES recuerda que uno de los avances más importantes de este Acuerdo Final ha sido la introducción de un Capítulo Étnico con Salvaguardas y Garantías para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en su interpretación e implementación, incluido el trascendental reconocimiento de los “mecanismos vigentes para la protección de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente” y del “carácter principal y no subsidiario de la consulta previa, libre e informada”.

 

En este contexto CODHES observa con profunda preocupación que el Decreto Ley que crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición ha sido firmado sin ser consultado previamente con los pueblos indígenas y afrodescendientes, en desconocimiento no solo de las previsiones que incluye el Capítulo Étnico en la materia, sino también de los derechos que la Constitución, la Legislación, la Jurisprudencia y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos protege a estos pueblos, en especial el Convenio OIT 169.

 

CODHES reitera su apoyo irrestricto al proceso de construcción de la paz y reconciliación en Colombia, sin embargo, reitera que esta construcción y reconciliación para ser completa debe incluir las voces y la participación efectiva de los pueblos indígenas y 2 afrodescendientes quienes han sido impactados desproporcionadamente, tanto cualitativa como cuantitativamente, por el Conflicto Armado en Colombia; incluir a los afrodescendientes e indígenas en la construcción de la paz es además una obligación de estricto cumplimiento en un Estado que, como señala el artículo séptimo de nuestra constitución, reconoce y protege la diversidad étnica de la Nación colombiana.

 

Por todo ello, y en el mismo espíritu que el Representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en octubre de 2015 recordó que la participación política y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrocolombianos son derechos humanos recomendando al Estado Colombiano y a las FARC que invitaran formalmente a las autoridades de pueblos indígenas y afrodescendientes para que su visión y sus derechos colectivos sean garantizados en la construcción de la paz, CODHES recomienda al Gobierno Nacional y demás intervinientes en el proceso de implementación de Acuerdo Final que garanticen de forma efectiva los derechos los pueblos indígenas y afrodescendientes, incluido su derecho a la participación y la consulta previa, y que persistan en el diálogo respetuoso y constructivo para la implementación integral del Capítulo Étnico.

 

CODHES alienta a todas las partes a buscar soluciones urgentes, creativas y propositivas para garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes en todo el proceso de Justicia Transicional y Reconciliación en Colombia, incluida la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición, y muy especialmente la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, y ofrece sus buenos oficios para promover este diálogo para avanzar así en la construcción de una paz estable y duradera, pero también incluyente y respetuosa con los derechos humanos de los grupos étnicos y su estatus de Sujetos de Especial Protección Constitucional.

 

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