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COMUNICADO SOBRE LA POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO

 

Bogotá, abril 25 de 2017

 

Las organizaciones abajo firmantes dirigimos este comunicado a la opinión pública, a las comunidades de zonas con presencia de cultivos de uso ilícito, al Gobierno, en especial a la Vicepresidencia de la República, a la Dirección para la Atención Integral de la Lucha contra las drogas – Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, al Ministerio de Justicia y el Derecho, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Agencia de Renovación del Territorio; y a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). Somos un grupo plural de organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación adscritos a universidades y académicos que apoyamos el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, ofreciendo aportes analíticos y técnicos.

 

Como parte de este apoyo, realizamos un análisis sobre la forma en la cual se está avanzado en la implementación del Punto 4 del Acuerdo Final (“Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”) y en particular al plan de sustitución de cultivos que está implementando el Gobierno, el cual plantea riesgos a la posibilidad de asegurar las transformaciones profundas que requiere el campo colombiano de tal manera que se modifiquen las condiciones que han permitido que los cultivos de uso ilícito permanezcan en los territorios.

El día 27 de enero de 2017, el Gobierno y las FARC-EP dieron a conocer a través de un comunicado el inicio del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Bajo este marco, el Gobierno ha firmado Acuerdos Colectivos para la sustitución voluntaria y concertada con organizaciones sociales y representantes de las comunidades en algunas zonas con cultivos de coca.

 

En estos acuerdos, cuyos contenidos guardan diferencia de región a región, se señalan los compromisos de cada una de las partes, definiendo principalmente el compromiso de las comunidades con la sustitución, y del Gobierno con la puesta en marcha de los componentes del plan de atención inmediata1 y algunas acciones adicionales para preparar el proceso participativo de construcción de los planes de sustitución. Estos acuerdos se han centrado entonces en el plan de atención inmediata, con referencias muy generales a los demás elementos del PNIS y a la Reforma Rural Integral acordada en el Punto 1 y de la que el programa de sustitución, según el Acuerdo Final, es un componente en las zonas en las que coinciden.

 

 

Si bien estas medidas responden en parte a la presión nacional e internacional por contener el creciente aumento de los cultivos de coca –que interrumpió la tendencia a la reducción registrada desde el año 2007– es necesario asegurar que éstas se enmarquen en políticas públicas más amplias de desarrollo rural para la intervención integral en los territorios, tal y como se estableció hacerlo con el desarrollo del Punto 1 del Acuerdo Final.

 

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