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LLAMADO URGENTE A PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES REPRESADOS EN TURBO, ANTIOQUIA

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, el Instituto Pensar y la Pastoral Social hacen llamado al Gobierno nacional a que tome todas las medidas necesarias que protejan los derechos de las personas migrantes

 

 

JULIO 30 DE 2016. Organizaciones defensoras de derechos humanos e instituciones académicas hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a los Gobiernos de la región a tomar medidas urgentes que garanticen el goce efectivo de los derechos de los migrantes, frente a la crisis humanitaria que se presenta actualmente en Turbo-Antioquia- por el represamiento de migrantes en situación irregular. De manera especial expresamos profunda preocupación por la integridad de los niños y niñas, las mujeres embarazadas y personas enfermas.

 

Desde el pasado mes de mayo, a partir del cierre de la frontera entre Colombia y Panamá por decisión del presidente panameño Juan Carlos Varela, los migrantes irregulares provenientes de Cuba, Haití y otros países extra continentales con destino a los Estados Unidos en la mayoría de los casos, se encuentran varados en Turbo, en condiciones de hacinamiento, con enfermedades, escases de alimentos y con miedo de ser capturados y deportados.

 

La población migrante que decide continuar su camino hacia Panamá por pasos informales, se expone a graves situaciones que vulneran su integridad: se exponen a la Selva del Darién y la vía marítima por el Golfo de Urabá. Estas rutas migratorias son muy riesgosas por: 1. Las condiciones geográficas inhóspitas, ya que se trata de una selva; 2. El elevado riesgo de naufragio en la vía marítima por las condiciones precarias de las embarcaciones y el accionar de los coyotes; 3. La presencia de actores armados ilegales y 4. La alta probabilidad de ser víctimas de múltiples redes ilegales violatorias de los derechos humanos.

 

Actualmente en Turbo se encuentran represados 1.273 cubanos , de los cuales 300 son menores de edad y 24 requieren atención urgente en salud. La respuesta del Estado colombiano se ha limitado a incrementar las deportaciones de los migrantes, al punto que en los últimos dos meses ha deportado 5.800 migrantes irregulares. Si bien la deportación es una medida administrativa legal y soberana de los Estados, no es la solución real a la situación de los migrantes, que en busca de mejores condiciones económicas, reunificación familiar y protección, han padecido una ruta migratoria con múltiples vulneraciones a sus derechos.

 

Ante la orden del presidente Santos a la Policía de ingresar a la bodega de Turbo donde están los migrantes, y la decisión de Migración Colombia de continuar con las deportaciones, organizaciones defensoras de derechos humanos interpelamos al Gobierno nacional a que tome todas las medidas necesarias que protejan los derechos de las personas migrantes, su derecho a la libertad, la integridad personal, el debido proceso, la protección judicial, el derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución y a la unidad familiar.

 

Con base en las normas y estándares internacionales sobre la deportación, el Estado colombiano “debe respetar garantías mínimas como: i) el derecho a ser escuchado por la autoridad competente en el marco del procedimiento tendiente a su deportación y a tener una oportunidad adecuada para ejercer su derecho de defensa; ii) a contar con interpretación y traducción; iii) a contar con representación legal; iv) a la protección consular desde el momento de su detención; v) a recibir una notificación de la decisión que ordena su deportación; vi) a acceder a un recurso efectivo para impugnar la decisión de deportación; vii) a impugnar la decisión de deportación; y viii) el derecho a que los recursos interpuestos tengan efectos suspensivos sobre la decisión de deportación”. (CIDH, 2016).

 

Llamamos la atención sobre la obligación del Estado de “respetar el principio de no devolución, y por tanto, no deportar a otro país, sea o no su país de origen, a cualquier extranjero cuyos derechos a la vida, la integridad personal o a la libertad personal estén en riesgo de violación. El principio de no devolución es la norma fundamental de protección para los solicitantes de asilo y los refugiados” (CIDH, 2016).

 

Finalmente, exhortamos al Gobierno Nacional a que reevalúe sus políticas migratorias, analice la naturaleza de las migraciones, adopte las medidas pertinentes, basadas en los derechos humanos, frente al incremento del tránsito de migrantes y la posibilidad de ser un país de destino, especialmente ante un escenario de construcción de paz en Colombia. Un país que ha padecido el desplazamiento forzado de más 6 millones de personas y ha producido más de 550.000 refugiados, está llamado a actuar bajo los principios internacionales de solidaridad y reciprocidad.  (LEA EL LLAMADO URGENTE COMPLETO AQUÍ)

 

INFORMACIÓN RELACIONADA:

 

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA CRISIS HUMANITARIA EN LA FRONTERA COLOMBO-PANAMEÑA. JULIO DE 2016

LLAMADO URGENTE A PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES EN TURBO, ANTIOQUIA. 30 DE JULIO DE 2016

SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN CUBANA EN LA REGIÓN. JULIO 2016

COMUNICADO DE PRENSA 1 CRISIS HUMANITARIA EN LA FRONTERA COLOMBO-PANAMEÑA5 DE JULIO 2016

 

 

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