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CONCILIACIÓN EN EL CONGRESO REVIVE NUEVAMENTE INHABILIDADES CONTRA MAGISTRADOS ESCOGIDOS PARA LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ. CODHES ALERTA DE VIOLACIÓN A DERECHO A DEBIDO PROCESO EN CASO DE APROBARSE ESTE PUNTO DE LA CONCILIACIÓN.

 

Hoy será votada en plenaria de Senado y Cámara la conciliación del proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El parágrafo del artículo 104 del Informe de conciliación presentado ayer dejaría inhabilitadas a por lo menos a 18 personas, de las 51 escogidas para conformar el Tribunal de Paz y las salas de la JEP en calidad de magistrados y magistradas.

 

 

Por Equipo de Incidencia Jurídica de CODHES

 

De conformidad con un análisis de CODHES de los perfiles de las 51 personas escogidas para conformar el Tribunal de Paz y las salas de la JEP en calidad de magistradas y magistrados (incluyendo suplentes), por lo menos 18 de ellas incurrirían en las causales generales de imposibilidad de asumir el cargo contempladas en el parágrafo del artículo 104 del informe de conciliación del proyecto de ley estatutaria JEP.

 

CODHES reitera que dichas causales son abiertamente inconstitucionales e impertinentes, también su incorporación posterior a la selección de las y los magistrados, es violatoria de su derecho al debido proceso. Lo primero por cuanto desde la perspectiva constitucional, las inhabilidades o incompatibilidades hacen referencia a la incapacidad, ineptitud o inhabilidad de una persona para el desempeño de un empleo, lo cual imposibilitaría el ejercicio de las funciones. El trabajo en derechos humanos y el litigio sobre el mismo aún en contra del Estado son garantía de idoneidad para el ejercicio del cargo de magistrado o magistrada de la JEP.  Se trata de cualidades que por lo demás fueron apreciadas por el Comité de Escogencia en coherencia con el contexto en el que se inserta la JEP, cuál es un sistema para garantizar los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos en el marco de la solución pacífica de un conflicto armado complejo y escalonado.

 

Las inhabilidades son por definición circunstancias negativas para ejercer un cargo específico. En este caso, el cargo exige experticia práctica, teórica y académica en derechos humanos pues sus destinatarios/as principales son víctimas de violaciones a dichos derechos. De allí se desprende también la abierta impertinencia de dichas causales, pues atentan contra las finalidades constitucionales de este tipo de figuras, las cuales, según la Corte Constitucional, están orientadas a exigir "a quienes aspiran a ingresar al servicio público y en particular a la administración de justicia, el cumplimiento de requisitos tanto genéricos como específicos que garanticen la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de las altas responsabilidades estatales" (Sentencia C-509 de 1994). En este caso, la probidad de los futuros y futuras magistradas cuando éstas han presentado experiencia académica y litigiosa en la defensa de los derechos humanos, está más que asegurada en el contexto específico del objeto de la JEP, que es servir de mecanismo jurisdiccional del sistema de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición en casos de violaciones a tales derechos en el marco del conflicto armado.

 

Finalmente, hay una violación flagrante al debido proceso pues como ha sostenido el profesor Rodrigo Uprimny, este tipo de causales deben incorporarse al ordenamiento jurídico con anterioridad al nombramiento del respectivo servidor o servidora pública.

 

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