Situación humanitaria Sur Tolima Jul-Dic-2022
March 30, 2023
Impactos de la pandemia en las víctimas del delito de desplazamiento forzado en Colombia III: Costa Atlántica y Nariño
April 19, 2023
Fotografía: Congreso de los Pueblos*
El norte y el suroccidente del país siguen siendo dos de las regiones de Colombia con un alto índice de violaciones a los Derechos Humanos que complejiza la situación humanitaria.
El 2022 fue un periodo complicado en lo que tiene que ver con violaciones a los Derechos Humanos en Colombia. Así lo confirma el informe anual 2022 del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos–SISDHES de CODHES, que monitorea permanentemente la ocurrencia de algunas de esas violaciones, con el fin de comprender la situación humanitaria en las distintas regiones del país.
El SISDHES concentra su labor de monitoreo en cuatro categorías: desplazamientos múltiples y masivos–DMM; confinamientos y restricciones a la movilidad humana–CRMH; masacres–MAS y agresiones contra líderes, lideresas sociales y personas con visibilidad política o comunitaria–ACL.
En el año 2022 en Colombia se registraron 83.942 víctimas de desplazamientos forzados múltiples y masivos en 201 eventos, los cuales sucedieron en un 95 % en zonas rurales y un 5 % en zonas urbanas. Las poblaciones más afectadas fueron: afrodescendiente, con 39.964 personas; campesina, con 20.803 personas, e indígenas, con 19.124 personas.
A continuación destacamos la situación humanitaria en dos de las regiones con un alto número de violaciones a los derechos humanos: Costa Caribe y Nariño.
COSTA CARIBE Y NARIÑO: CRISIS HUMANITARIA EN ASCENSO
El trabajo de monitoreo del SISDHES en la región Caribe y en Nariño –que CODHES realiza en conjunto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo–AECID– evidencia que el departamento de Nariño registró un alto índice de DMM, que afectaron a 34.702 personas, en 66 eventos, principalmente en los municipios de Tumaco, Olaya Herrera y El Charco.
En la Costa Caribe, por su parte, el año anterior se registraron 15 DMM, en cinco departamentos –Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba y Bolívar– que dejaron 8.539 víctimas. Los municipios más afectados fueron Arenal, Morales y Montecristo (Bolívar) –en el que un solo evento dejó 3.108 víctimas–; Tierralta (Córdoba) –1.539 víctimas en dos eventos– y San José de Uré (Córdoba) –1.336 víctimas en dos eventos–.
De acuerdo con las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil, hacen presencia en la región actores armados como el Comando Coordinador de Occidente–CCO; el Ejército de Liberación Nacional–ELN; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia–AGC; las disidencias de las FARC; la Segunda Marquetalia; el Frente Oliver Sinisterra–FOS; el Bloque Occidental Alfonso Cano; Los Pachenca; el grupo paramilitar Los Diegos y otros grupos armados sin identificar–GASI.
En palabras de Ricardo Cubides, coordinador de la oficina regional de CODHES en Costa Caribe, “subregiones del Caribe como la Serranía de San Jacinto, conocida como Los Montes de María, así como el centro y norte del departamento del Magdalena, –de acuerdo con las realidades que hemos podido observar con nuestro equipo en terreno– regresaron a situaciones parecidas a las que sufrieron entre finales de la década de los noventa y los primeros años de la década del 2000, momento con los picos más altos de violencia en el marco del conflicto armado”.
DESCARGUE AQUÍ LAS INFOGRAFÍAS SOBRE LA SITUACIÓN HUMANITARIA EN COSTA CARIBE Y NARIÑO 202
Desplazamientos masivos y Múltiples
Agresiones a líderes y lideresas sociales
Confinamiento de la población
Durante los doce meses de 2022, 213.371 personas fueron afectadas por el confinamiento y las restricciones a la movilidad en 93 eventos, en todo el país. Las principales poblaciones víctimas de estas violaciones a los Derechos Humanos fueron los afrodescendientes (95.933) y los indígenas (57.913). La mayoría de estos hechos se registraron en zonas rurales (92,47 %), es decir, 86 eventos, que dejaron 145.206 afectados.
En la región Caribe, por su parte, durante este periodo, se registraron 3.381 víctimas de CRMH, en siete eventos. Los habitantes de los municipios bolivarenses de Arenal y Montecristo fueron los más afectados: 1.630 y 1.500 personas confinadas respectivamente. De acuerdo con Ricardo Cubides, “los actores armados, principalmente El Clan del Golfo o las AGC se imponen en las zonas rurales del Caribe, ejerciendo control sobre importantes y amplios territorios, y aprovechando que la presencia institucional del Estado es precaria”.
El departamento de Nariño, entretanto, registró, en el año 2022, más de una cuarta parte de las víctimas de CRMH presentados en todo el país. Allí, 56.581 ciudadanos fueron afectados con estas restricciones en 19 eventos. Los municipios con el mayor número de afectados son Magüí Payán –26.000 víctimas en tres eventos–; El Charco –18.195 víctimas en dos eventos– y Tumaco –8.233 víctimas en siete eventos–.
Entre los principales actores armados que hacen presencia en estas dos regiones –identificados por las autoridades y organizaciones de la sociedad civil– están las AGC, el ELN y GASI.
Las masacres no dan tregua
El año pasado en Colombia, de acuerdo con el reporte de monitoreo del SISDHES, 329 personas fueron asesinadas en 93 masacres, perpetradas por diferentes actores armados en distintas regiones del país.
El 70 % (65 eventos) se registraron en zonas rurales, mientras que el 30 % restante (28 eventos) tuvieron lugar en escenarios urbanos. 252 víctimas (76,6 %) de estos hechos fueron identificadas como hombres; 32 (9,7 %), como mujeres, y 45 víctimas (13,7 %) no pudieron ser identificadas.
Durante el periodo mencionado, en la Costa Caribe se registraron 21 masacres, en las que perdieron la vida 66 personas. Los departamentos más afectados con estas violaciones a los Derechos Humanos fueron Atlántico, donde se presentaron seis masacres, que dejaron 21 fallecidos, y Magdalena, donde 18 personas perdieron la vida en seis eventos.
En el departamento de Nariño se registraron 13 víctimas en cuatro eventos. Estas masacres tuvieron lugar en los municipios de Tumaco, Colón, Cumbal y Barbacoas. En cada MAS, de los tres primeros municipios, fueron asesinadas tres personas, mientras que en el último de ellos, cuatro personas perdieron la vida.
Como presuntos responsables de estas violaciones a los Derechos Humanos, las autoridades, y las organizaciones de la sociedad civil identificaron a los siguientes actores armados: Banda ‘Yeico Masacre’–GAYM, Los Costeños, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ELN, GASI, bandas delincuenciales, narcotraficantes y la Policía Nacional.
Líderes y lideresas sociales, bajo fuego
El 2022 no fue un año distinto para los líderes y lideresas sociales ni para defensores de Derechos Humanos. A lo largo y ancho del país los ataques y las amenazas a sus vidas e integridad, por parte de actores armados ilegales, no pararon y por el contrario fueron en aumento.
En esos doce meses en todo el país se registraron 484 agresiones. El 69,8 % (338) estuvieron dirigidos contra líderes y lideresas sociales; el 18,8 % (91) apuntó a personas con visibilidad política o comunitaria; el 9,7 % (47) victimizó a firmantes del Acuerdo de paz con las FARC y 1,7 % (8) fue contra colectivos.
Más de la mitad de las Agresiones Contra Líderes (52,7 %) fueron homicidios, seguidos de las amenazas colectivas (18,2 %), atentado (11,6 %), amenaza individual (10,5 %), secuestro (2,5 %), amenazas a colectivos (1,4 %), lesiones (1,2 %), estigmatizaciones y señalamientos (1,2 %), detención arbitraria (0,4 %) y desaparición forzada (0,2 %).
Del total de estas agresiones, 71 de ellas tuvieron lugar en la región Caribe. Los departamentos más afectados fueron Cesar, donde se presentaron 17 de estos eventos, y Magdalena, donde se registraron 16, siete de ellos en Santa Marta.
En el departamento de Nariño, mientras tanto, la ocurrencia llegó a 20 y los municipios más afectados fueron Tumaco (6), Ipiales (2) y Cumbal (2).
Los reportes de las organizaciones de la sociedad civil y de las autoridades dan cuentan de la presencia de actores armados ilegales tales como AGC, ELN, disidencias de las FARC, GASI, bandas delincuenciales y narcotraficantes.
“Los grupos armados han vuelto a imponer normas; a confinar a las comunidades. Han instaurado la extorsión como parte de la realidad de la sociedad. Amenazan y atacan a los líderes llevándolos a salir de los territorios. Las narraciones que recibimos nos permiten entender que el subregistro en las cifras oficiales es amplio”, concluye con preocupación el coordinador de la oficina regional de CODHES en Costa Caribe.
En riesgo inminente
Las alertas tempranas que emitió durante el año 2022 la Defensoría del Pueblo confirman la difícil situación de Derechos Humanos, tanto en la región Caribe como en el departamento de Nariño. El año pasado de las 34 advertencias sobre situaciones de riesgo, amenaza y vulnerabilidad que dio esta institución, ocho de ellas se hicieron en poblaciones del Caribe. Las mismas alertaban sobre expansión y control territorial de grupos armados ilegales; de formas de control y regulación de la vida cotidiana de la ciudadanía; de disputas por el control territorial, principalmente para las rutas del narcotráfico; de enfrentamientos entre estos actores armados y reconfiguraciones de las líneas de mando de estas mismas estructuras ilegales.
La Defensoría del Pueblo establece que estas acciones las llevan a cabo grupos armados como las AGC, Los Pachenca, bandas de microtráfico, bandas delincuenciales y organizaciones de crimen transnacional.
Entre tanto, la Defensoría emitió en 2022 dos alertas tempranas en el departamento de Nariño, relacionadas con la presencia y confrontación de actores armados en los municipios de Santa Bárbara, Barbacoas, Magüí y Roberto Payán. La institución identifica a esos actores armados como disidencias de las FARC, el ELN, la Segunda Marquetalia y el CCO.
*Fotografía: Vida Digna. Periódico Congreso de los pueblos
