Claves para enfrentar la crisis migratoria en el Darién

“En medio del imparable flujo migratorio mixto en condiciones de vulnerabilidad y necesidad de protección, el gobierno Nacional, desde el liderazgo que debe tener la Cancillería, debe ponerse al día con la reglamentación de la Política Integral Migratoria (Ley 2136 de 2021), fortalecer y mejorar la capacidad de presencia del Migración Colombia en todas las fronteras, así como de sus sistemas de monitoreo e información pública (que han sido ausentes en los últimos meses), así como trabajar en mejorar la coordinación con sus pares de la región para el apoyo en estrategias de lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”

 

Por: Luis Carlos Rodríguez de La Cruz

Coordinador de Migraciones y Refugio CODHES

coordinacion.ccd@codhes.org

Desde el año 2020, ha sido notoria la difusión de diversas notas periodísticas, pronunciamientos e informes respecto de lo que ha venido presentándose en el territorio fronterizo entre Colombia y Panamá. La región conocida popularmente como el “Tapón del Darién”, se ha convertido en una especie de “embudo” en el que un creciente flujo migratorio de personas de diferentes nacionalidades provenientes de Sudamérica, el Caribe, Asia y África[1], llegan en condiciones de vulnerabilidad en busca de continuar su camino a Estados Unidos.

Pese a las reuniones y anuncios de alto nivel que se ha producido en los últimos 4 años desde los gobiernos de Colombia y Panamá, la grave situación de movilidad humana en la región fronteriza colombo-panameña en vez de haber mejorado parece haber empeorado, no solo por el crecimiento de las cifras que ha publicado el Gobierno de Panamá de personas cruzando la frontera de manera irregular, sino por el aumento de las problemáticas y sus impactos sobre quienes llegan para cruzar la frontera, las comunidades y sobre el medio ambiente de esta región fronteriza.

Para Ricardo Valenzuela, del equipo de la misión Colombia-Panamá de Médicos Sin Fronteras, este no es un tema simplemente coyuntural[2], “…más de cuarenta nacionalidades están cruzando (…) un fenómeno que se viene presentando desde casi nueve años”, pero con una mayor intensidad y crecimiento en los últimos tres. La integridad física de niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores, así como el efecto negativo en la salud mental de estas personas, son parte de las problemáticas que ha observado el equipo de Médicos Sin Fronteras. Todo esto como consecuencia de las diversas violencias y abusos de las que son víctimas las personas migrantes en distintos momentos de su viaje. [3]

 El impacto de la migración en quienes habitan la región del Urabá-Darién

Indistintamente de la nacionalidad u origen, las personas en condición de movilidad humana forzada sufren de las inclemencias de la ruta migratoria y de los abusos de grupos criminales que se benefician económicamente de ellos, pero también hay que reconocer que para quienes viven en la región del Urabá-Darién existen efectos no tan positivos derivados del flujo migratorio que llega allí.

Históricamente gran parte del territorio continental colombiano que limita con el mar del Pacífico (anden del pacífico) hasta llegar a la frontera con Panamá -tocando el Golfo del Urabá, en el Atlántico-  se ha caracterizado por la precaria presencia integral del Estado y la falta políticas públicas de real impacto para el desarrollo socioeconómico de sus habitantes y comunidades (pese a ser una región con una posición geográfica envidiable y gran riqueza natural). Este vacío ha estado “compensado” por la activa presencia con control social y territorial de grupos armados irregulares y redes de crimen organizado que, junto con la corrupción en algunas entidades territoriales, termina en el peor de los escenarios.

Aun cuando el flujo de personas en tránsito por la región del Urabá-Darién no es algo nuevo, lo cierto es que el crecimiento exponencial del número de personas que buscan cruzar esta región[4] en los recientes años ha tenido efectos negativos para sus habitantes. El costo de vida para las personas se ha incrementado y prácticamente se ha venido dolarizando la económica de esa parte de Colombia, pues todas las transacciones que se realizan derivadas de la economía que ha surgido de la masiva llegada de las personas migrantes se hace en dólares estadounidenses, haciendo insostenible seguir viviendo y pagando cualquier cosa en pesos colombianos.

Ante este contexto y teniendo en cuenta la precaria situación socioeconómica preexistente, las personas buscan aprovechar la oportunidad de ganar dinero para subsistir vinculándose a la economía que ha crecido entrono al flujo migratorio. Otras personas, también han dejando de lado sus actividades o labores cotidianas, desplazando la mano de obra del territorio y elevando sus costos. Un trabajador no ve mayor estimulo para continuar en el campo, la pesca o la construcción a menos que se les pague mucho más de lo que pueden ganar en dólares en torno a la migración.

A la lamentable presencia de niños, niñas y adolescentes migrantes acompañados o no, se suma la situación de niñez y adolescencia del territorio que han decidido abandonar las escuelas para ganar algo de dinero en medio de la situación; también se ha percibido el aumento de personas que llegan de otras partes de Colombia, no para migrar sino para abrirse oportunidades entorno a la ola migratoria, como, por ejemplo, ha ocurrido en Capurganá, corregimiento del municipio de Acandí, comenta, Francisco Moreno, oriundo de territorio y profesional en terreno para asilo, migración y refugio, de la Defensoría de Pueblo. 

Según Birleyda Ballesteros, Representante de mesa de víctimas de Apartadó, Antioquia, es preocupante el crecimiento de la mendicidad, sobre todo en municipios como Apartadó, Turbo y Necoclí, esto en parte a que las personas migrantes se quedan sin recursos para seguir su ruta. Los altos costos imprevistos del viaje, así como los robos o estafas de los que son víctimas terminan por obligarles a quedarse en esas condiciones. La desconfianza también ha crecido pues a la sombra de la migración han llegado también personas que se aprovechan de los migrantes y pobladores del territorio.

Las estrategias y acciones son insuficientes

No es posible y sostenible en el tiempo que territorios que carecen de infraestructura como escuelas, centros de salud u hospitales dignos, entre otras cosas, puedan responder y brindar las debidas garantías de derechos y protección a sus habitantes y, mucho menos, a quienes llegan en calidad de turistas o en este caso como migrantes forzados y refugiados en tránsito.

La presencia y esfuerzo de diferentes organizaciones comunitarias, de sociedad civil y agencias de cooperación internacional ha sido importante para enfrentar los retos, pero la institucionalidad territorial y menos el gobierno de nivel Nacional deben descargar la respuesta en estos actores y asumir la situación como un simple tema coyuntural, humanitario, de seguridad y contención. La situación es más compleja y profunda.

Es necesaria una mayor efectividad en la corresponsabilidad y coordinación entre los Estados para atender a la crisis migratoria desde un enfoque regional basado en el respeto y garantía de derechos de las personas migrantes forzadas y en necesidad de protección internacional.

Pese a los espacios de diálogo regionales y binacionales que se han abierto, es necesario que se trabajé en estrategias cuyos recursos se orienten en crear y fortalecer capacidad instalada en los territorios fronterizos. Crear rutas seguras como han expresado agencias de Naciones Unidas, defensores del pueblo y los mismos Gobiernos nacionales, depende de crear territorios seguros, lo cual, pasa por la generación de condiciones socioeconómicas e institucionales en estos territorios fronterizos, históricamente abandonados a la merced de los grupos criminales que al tráfico de drogas, armas y contrabando suman a su portafolio la trata de personas y trafico licito de migrantes.

Iniciando el año 2024 habrá nuevos gobernantes municipales y departamentales en Colombia, por lo que hay tener claridad sobre el papel de estas nuevas administraciones territoriales que son lugares de transito y acogida, así como su articulación y apoyo del gobierno nacional y sus pares del otro lado de la frontera. Si no hay responsabilidades, comunicación y cooperación clara y oportuna desde los distintos niveles de gobierno, será imposible estar a la altura de las circunstancias.

Se requiere crear y dotar a las entidades territoriales de capacidades para el intercambio y retroalimentación de información; para la formulación, implementación y monitoreo de políticas públicas que respondan tanto a las necesidades de sus propios habitantes, como de las personas migrantes y en necesidad de protección internacional.

Pese a que la migración forzada es una dinámica global que va más allá de lo que puede hacer un alcalde de municipios como Apartadó, Turbo o Necoclí, un punto de partida desde sus competencias y responsabilidades es que los planes de desarrollo de los municipios, con el apoyo del nivel departamental y nacional, contengan elementos y recursos para implementar políticas públicas que permitan afrontar la situación con una perspectiva de oportunidad de desarrollo y no de contención.

En medio del imparable flujo migratorio mixto en condiciones de vulnerabilidad y necesidad de protección, el gobierno Nacional, desde el liderazgo que debe tener la Cancillería, debe ponerse al día con la reglamentación de la Política Integral Migratoria (Ley 2136 de 2021), fortalecer y mejorar la capacidad de presencia del Migración Colombia en todas las fronteras, así como de sus sistemas de monitoreo e información pública (que han sido ausentes en los últimos meses), así como trabajar en mejorar la coordinación con sus pares de la región para el apoyo en estrategias de lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, haciendo prevalecer los derechos de las víctimas de estas problemáticas y , finalmente, apostar a que las fronteras sean foco de desarrollo para sus comunidades y no de olvido y pobreza como lo han sido por décadas.

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[1] Según cifras del gobierno de Panamá, entre enero y julio de 2023, el mayor número de personas transitando de manera irregular la frontera con Colombia eran de nacionalidad venezolana, ecuatoriana, haitiana, china, colombiana, chilena*, india, brasileña**, Afganistán, peruana, nepalés, camerunés, seguido de otras nacionalidades (* y ** personas nacidas en Chile y Brasil de padres haitianos).

[2] El pasado 29 de septiembre, el equipo organizador del Festival de Cine Colombia Migrante, del cual hace parte CODHES, desarrollo el conversatorio , ”Realidades y acciones frente a la crisis migratoria en el Darién”, con la participación de:  Ricardo Valenzuela, del equipo de la misión Colombia-Panamá de Médicos Sin Fronteras; Birleyda Ballesteros, Representante de mesa de víctimas de Apartadó, Antioquia y; Francisco Moreno, profesional en terreno para asilo, migración y refugio, de la Defensoría de Pueblo-Regional Urabá/Darién, con quienes se analizó la situación desde su experiencia en el territorio.

[3] La gran mayoría de las personas vienen de países con difíciles condiciones de vida y de DDHH, que se acentuaron con la pandemia. Llegan engañadas, desconocen las condiciones, distancias y rigores de la ruta migratoria, teniendo como resultado situaciones de stress extremo debido a la incertidumbre constante en el viaje y las situaciones extremas que deben vivir como violencia sexual, psicológica y robos.

[4] Pese al subregistro existente, según cifran de organizamos internacionales y gobierno de Panamá se estima que entre enero y septiembre del 2023 ha cruzado cerca de 400 mil personas, la cifra más alta registrada hasta el momento.

Fotografía: @facebook/unicefpanamá