Inicia la fase II del proyecto Derecho a Defender Derechos en Latinoamérica y el Caribe

Iniciativa regional por la gobernanza democrática y la protección de quienes defienden los derechos humanos en América Latina y el Caribe de personas en movilidad humana forzada.

Bogotá, Colombia., abril 6 de 2026.  La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, inicia la segunda fase del proyecto Derecho a Defensor de Derechos en Latinoamérica y el Caribe, una iniciativa orientada a fortalecer la incidencia política y las garantías de protección para personas defensoras de derechos humanos en la región.

Durante su primera fase, desde el proyecto se realizó un ejercicio de investigación apoyado por las organizaciones participantes que concluyó con la elaboración de diez documentos de diagnóstico sobre las principales problemáticas que enfrentan las personas y organizaciones defensoras de población en movilidad en humana forzada en América Latina y el Caribe. Además, se impulsaron acciones de incidencia política ante la CIDH -logrando la integración del perfil de personas defensoras de población en movilidad humana en su más reciente informe sobre defensores de DDHH, alianzas con Defensorías del Pueblo y la campaña regional de comunicación, “Conecta por los Derechos”, con el objetivo de visibilizar y reconocer el papel clave de quienes defienden los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en los países priorizados, así como promover mejores garantías para el ejercicio de su trabajo.

En esta nueva fase, el proyecto amplía su alcance territorial y temático con el objetivo de aumentar la incidencia de la sociedad civil en la exigibilidad y materialización de garantías que permitan el ejercicio libre y seguro de la defensa de los derechos humanos. El proyecto se implementará en 12 países de América Latina y el Caribe: Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela y Colombia —que continúa desde la fase I—, y se amplía la intervención a República Dominicana y Argentina, en respuesta al contexto regional y al creciente interés temático.

Además, busca consolidar un espacio regional de monitoreo e incidencia en torno a la protección de las personas y organizaciones defensoras, fortalecer las capacidades para la acción conjunta y promover el reconocimiento de su trabajo y aporte, visibilizando también los riesgos y barreras que enfrentan desde distintos enfoques.

Según ACNUR, para mediados de 2025 había más de 21 millones de personas desplazadas forzosamente en las Américas, una cifra que refleja la compleja situación de derechos humanos en el continente y que, sin la labor de quienes trabajan en la protección de personas migrantes, refugiadas y desplazadas, sería aún más grave. Muchas de las personas defensoras son, a su vez, migrantes o refugiadas que enfrentan amenazas, estigmatización y limitaciones de recursos en el desarrollo de su trabajo. En este contexto, resulta fundamental reconocer y garantizar sus derechos.

Fuente: El informe Tendencias de mitad del año 2025 del ACNUR.

Frente a este panorama, también en su fase II el proyecto impulsa acciones para que los Estados adopten medidas urgentes que garanticen la seguridad y el ejercicio libre de la defensa de los derechos humanos, beneficiando a organizaciones y personas defensoras (titulares de derechos) que trabajan con población en situación de movilidad humana forzada (desplazamiento, migración, refugio, entre otros).

Asimismo, esta iniciativa se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, orientada a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir instituciones poderosas, responsables e inclusivas que contribuyan a garantizar la labor de líderes sociales y líderes defensores de los derechos de las personas en situación de movilidad humana forzada.

Cabe resaltar que quienes defienden los derechos de la población en movilidad humana desempeñan un papel fundamental en la promoción, protección y garantía de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Su trabajo contribuye a la estabilidad social, al fortalecimiento de los sistemas de protección, al desarrollo económico y a la construcción de sociedades más justas e incluyentes.

En esta segunda fase, CODHES y AECID reafirman nuevamente su compromiso de continuar promoviendo el rol de las personas defensoras de derechos humanos de población migrante y refugiada, apostándoles a una región donde defender derechos no implica riesgos, sino garantías efectivas y protección real.