
Defender a quienes defienden derechos: el llamado regional que deja el Segundo Encuentro Subregional #ConectaPorLosDerechos
November 18, 2026Esta es la historia de una mujer indígena Ayuujk que convirtió su retorno forzado en una lucha colectiva por los derechos de personas migrantes, mujeres y familias transnacionales[1].
Hay experiencias que cambian el rumbo de la vida. Para Rossy, una de ellas fue el retorno forzado a México, después de haber vivido en Estados Unidos desde su adolescencia. La separación familiar, el distanciamiento de su comunidad y la reconstrucción emocional marcaron ese periodo. Con el tiempo, transformó esa experiencia en una herramienta para defender los derechos de las personas migrantes y retornadas.
Rossy es una mujer indígena Ayuujk, originaria de la Sierra Norte de Oaxaca, quien desde muy joven conoció la migración desde dentro: primero, como adolescente indocumentada en Estados Unidos; después, como persona retornada forzadamente a México; y hoy, como defensora de los derechos humanos y experta en familias transnacionales, desde donde impulsa acciones visibilizar las necesidades de las personas deportadas, retornadas y de sus familias.
Migrar no siempre significa encontrar un lugar donde echar raíces, y regresar al país de origen no necesariamente significa volver a casa. En 2005, cuando tenía apenas 14 años y vivía en Estados Unidos, Rossy salió a marchar junto con otras personas ante una propuesta legislativa que buscaba fortalecer la colaboración entre la policía local y las autoridades migratorias.
“Aquel momento fue uno de mis primeros acercamientos a la organización colectiva y a ese liderazgo por defender los derechos humanos, que hoy es mi camino” comparte. Junto con sus compañeros de escuela, comenzó a involucrarse y a reconocer la importancia de alzar la voz frente a las políticas que afectan la vida de las personas migrantes. Con el tiempo, su participación creció y se acercó a organizaciones latinas, colaboró con autoridades consulares y ayudó a organizar jornadas de acceso a servicios para integrantes de su comunidad.
Su participación era voluntaria, acercaba información, facilitaba la comunicación y ayudaba a que otras personas a acceder a servicios. En esos espacios también comenzó a reconocer una realidad que marcaría su trayectoria: las personas indígenas migrantes no siempre encontraban un lugar en la identidad latina. Su lengua y sus experiencias particulares podían quedar invisibilizadas.
El retorno forzado marcó un antes y un después. “La separación de mi familia y de mi comunidad tuvo un impacto emocional profundo” recuerda. Reconstruirse tomó tiempo, y ese proceso le permitió comprender que detrás de cada retorno existen historias que no pueden reducirse a una decisión individual.
Para Rossy, hablar de retorno voluntario en contextos atravesados por la desigualdad puede ocultar las circunstancias que obligan a una persona a regresar: no poder continuar estudiando, perder la posibilidad de trabajar o enfrentar condiciones de vida que cierran los caminos para permanecer en el lugar donde se ha construido una vida.
Aunque una persona prepare sus maletas y tome la decisión de regresar, eso no significa necesariamente que haya elegido libremente hacerlo. Nombrar el retorno como forzado permite reconocer las circunstancias que lo provocaron y, sobre todo, las responsabilidades que persisten después de llegar a México.
“Volver no borra los vínculos construidos en otro país, tampoco resuelve los problemas pendientes, las necesidades de atención ni las consecuencias de una separación familiar”, comparte. En el 2012, mientras trabajaba en su tesis de licenciatura en Sociología, comenzó a retomar esa parte y a prestar especial atención en las mujeres de la comunidad y, particularmente, en las madres que necesitaban acompañamiento e información.
Su experiencia personal se convirtió en una pregunta colectiva: ¿qué ocurre con las mujeres y las familias cuando la migración termina abruptamente, pero sus consecuencias continúan a ambos lados de la frontera? En los espacios de defensa de derechos humanos, Rossy, ha encontrado una mirada que reduce a las personas retornadas a receptoras de ayuda o a testimonios de dolor. Se les escucha, pero no siempre se reconoce su capacidad para analizar los problemas, construir propuestas y participar en las decisiones que afectan sus vidas.
Para Rossy, su experiencia también es una fuente de conocimiento: le ha permitido comprender fallas institucionales, identificar vulneraciones de derechos y construir respuestas cercanas a las realidades de las personas retornadas. Por eso busca que sus vivencias y las de otras personas migrantes se traduzcan en acciones de incidencia.
Como experta en Familias Transnacionales en el Instituto para las Mujeres en la Migración, A. C. (IMUMI), impulsa propuestas ante las autoridades para garantizar los derechos de las personas mexicanas deportadas y retornadas forzadamente, con especial atención a las mujeres y sus familias. La separación afecta tanto a quien es deportado o retorna como a quienes permanecen en el otro país y a las comunidades de origen; por eso, las respuestas deben reconocer la continuidad de esos vínculos.
La falta de información puede generar angustia, miedo y una búsqueda que se prolonga sin respuesta. Para Rossy, defender los derechos humanos también implica garantizar información accesible, mecanismos de localización y comunicación entre las autoridades y las familias.
Lo que parece una historia individual de migración, revela, una cadena de vulneraciones: la pérdida de vínculos, la imposibilidad de regresar a casa, la falta de protección y el riesgo de quedar sin un lugar seguro donde vivir. Rossy ayuda para que las respuestas institucionales no se limiten al momento de la deportación, sino que contemplen las condiciones necesarias para que las personas puedan reconstruir sus vidas.
Para ella, el enojo es su fuerza para transformar, no se trata de un enojo que paraliza, sino que por el contrario, le da el poder que necesita para canalizarlo a través de propuestas, para convertir la indignación en argumentos que utiliza en espacios de diálogo con autoridades para impulsar cambios posibles.
Su retorno le recuerda que las políticas migratorias no terminan cuando una persona cruza una frontera. Sus efectos permanecen en la infancia de quienes crecen lejos de su familia, en una madre que enfrenta la crianza con apoyos limitados y en vínculos que no se recuperan simplemente con regresar al país de nacimiento.
A Rossy le cuesta definirse como defensora de derechos humanos, aunque su trayectoria refleja años de organización, trabajo comunitario e incidencia. Quizá porque, para ella, defender derechos es una práctica cotidiana: escuchar, cuestionar, acompañar y construir posibilidades de cambio.
“Para mí ser defensora de derechos humanos significa, no ser omisa, ni sorda ante las experiencias de injusticia ajenas” comenta. Su historia invita a mirar a las personas migrantes, deportadas y retornadas no solo como quienes necesitan ayuda o como testimonios de dolor, sino como personas con conocimientos, capacidades y propuestas para transformar las condiciones que afectan sus vidas.
Rossy ha convertido su experiencia en una herramienta de incidencia y su enojo en una fuerza propositiva. Su historia forma parte de una lucha colectiva y recuerda que los derechos humanos comienzan cuando se reconoce la dignidad de cada persona.
Defender los derechos humanos, como muestra la historia de Rossy, también significa escuchar y llevar a los espacios de decisión las voces de quienes todavía no han encontrado un lugar para ser escuchadas.
En el marco del proyecto Derecho a Defender Derechos en Latinoamérica y el Caribe – Fase 2, liderado por CODHES y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en coordinación con el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia, el equipo de CODHES realizó visita de campo a Ciudad de México, México. Allí conoció la historia de Rossy, defensora de derechos humanos de personas en movilidad humana forzada en la región.
[1] Una familia transnacional es aquella cuyos integrantes viven separados físicamente en dos o más países debido a procesos de migración internacional.




