Conectar para defender derechos: organizaciones de América del Sur fortalecen redes frente a la movilidad humana forzada
September 25, 2026
Organizaciones sociales, redes comunitarias y personas defensoras de derechos humanos enfrentan nuevos riesgos en su labor de acompañar y proteger a personas refugiadas, migrantes y desplazadas forzosamente en la región.
En Ciudad de México, junto a la Asociación de Nicaragüenses en México (NICASMEX) y Apoyo a Migrantes Venezolanos (APOMIVEN), llevamos a cabo el diálogo regional “Cuando defender derechos implica riesgos”, un espacio de análisis sobre los desafíos actuales que enfrentan las personas defensoras de los derechos de población en movilidad humana en América Latina y el Caribe, e intercambiamos evidencias, experiencias y propuestas orientadas al fortalecimiento del espacio cívico y de la protección internacional.
En la región, quienes defienden los derechos de las personas en movilidad humana cumplen un papel fundamental. Desde organizaciones de la sociedad civil, colectivos liderados por personas refugiadas y migrantes, albergues y redes comunitarias se brinda asistencia humanitaria, orientación jurídica, documentación de violaciones de derechos e incidencia en políticas públicas.
Sin embargo, esta labor se desarrolla en un contexto cada vez más complejo, marcado por restricciones al espacio cívico, criminalización, estigmatización, amenazas y hostigamientos. Estos riesgos pueden profundizar según factores como el género, el origen étnico-racial o la identidad de las personas defensoras. Precisamente por ello, existe un vacío de protección que requiere ser analizado: ¿qué respuestas existen para una persona cuya nacionalidad subsiste formalmente, pero que en la práctica no puede ejercerla? Los hallazgos de encuestas recientes realizadas por organizaciones de refugiados a personas desplazadas evidencian el impacto humano de esta crisis: poblaciones de Nicaragua, Venezuela y Cuba enfrentan un desamparo documental crónico que deriva en apatridia de facto.
Según el CIVICUS Monitor, las detenciones de defensoras/es de derechos humanos se han convertido en una de las cinco violaciones más comunes en las Américas, afectando al menos a 12 países en 2025. Además, Front Line Defenders destaca que las amenazas de muerte es el ataque más reportado en la región, con un 24.2% de impacto. Este contexto de creciente represión y criminalización, junto con el incremento de más de 21.8 millones de personas desplazadas en la región, pone en evidencia la amenaza inminente que enfrenta el trabajo de protección. En este escenario, es crucial fortalecer los espacios de defensa de derechos para garantizar que quienes protegen a estas poblaciones vulnerables no sean silenciados ni perseguidos.
A ello se suman nuevas formas de represión transnacional que pueden afectar a personas refugiadas y exiliadas incluso fuera de sus países de origen. Según un informe de Amnistía Internacional, la privación arbitraria de la nacionalidad se ha convertido en una herramienta utilizada por varios gobiernos para despojar a las personas de su identidad y derechos, lo que exacerba su vulnerabilidad y dificulta su acceso a la protección internacional. Además, la cancelación o denegación de documentos de identidad y viaje ha sido reportada en contextos donde países intentan restringir la movilidad de individuos considerados opositores políticos.
En 2025, el ACNUR señaló que las restricciones consulares empeoraron en varios Estados, afectando el acceso de refugiados a servicios básicos y dificultando sus posibilidades de reubicación o integración local. Esta situación plantea nuevos retos significativos para el acceso a derechos fundamentales, complicando la protección de quienes buscan refugio de la violencia y persecución en sus países de origen.
Desde 2024, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) lidera el proyecto “Derecho a Defender los Derechos Humanos en Latinoamérica y el Caribe”, con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y en coordinación con el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia. En este proyecto participan personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil como la Asociación de Nicaragüenses en México (NICASMEX) y Apoyo a Migrantes Venezolanos (APOMIVEN), entre otras, que colaboran en los procesos de investigación e incidencia que se desarrollan en 12 países de la región sobre el derecho a defender los derechos de las personas en situación de movilidad humana forzada.
En México, este proceso permite analizar las condiciones y riesgos que enfrentan quienes realizan esta labor. En este marco, la investigación de la Asociación de Nicaragüenses en México sobre la privación arbitraria de la nacionalidad y la apatridia de facto en Nicaragua[1] evidencia cómo determinadas prácticas estatales pueden continuar afectando derechos e identidad jurídica incluso fuera del país de origen.
Frente a este escenario, el diálogo regional “Cuando defender derechos implica riesgos” generó un espacio para compartir experiencias, evidencia y propuestas que contribuyan a fortalecer el espacio cívico y la protección internacional.
Proteger a quienes defienden derechos es también fortalecer las condiciones para que las personas refugiadas, migrantes y desplazadas puedan ejercer y reclamar sus derechos.
[1] Significa tener una nacionalidad en teoría, pero en la práctica no recibe la protección ni puede ejercer los derechos básicos de ese Estado.
