Cuando defender derechos implica riesgos: nuevos desafíos para el espacio cívico y la protección internacional en América Latina
October 1, 2026
Hace ya cuatro años, la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV), adoptó, mediante los Autos AI-068 y AI-070 de 2022, medidas cautelares que incluyeron: 1. La inclusión de un Protocolo Arqueológico Forense Obligatorio; 2. La formulación de un Plan de Acción Forense contra la Impunidad; 3. La creación de protocolos de salvaguarda para cuerpos no identificados; y 4. La implementación integral de la Ruta de la Memoria. Estas medidas cautelares fueron adoptadas a solicitud de las comunidades, en especial de la denominada Ruta del Cimarronaje, que agrupa a más de 200 organizaciones de la sociedad civil. Su propósito es proteger de forma estricta las zonas de interés forense y los denominados «botaderos», donde las estructuras paramilitares arrojaron a cerca de 2.000 víctimas de desaparición forzada, así como dignificar a las víctimas mediante la Ruta de la Memoria. A la par de lo anterior, mediante el Auto MPVG-341 de 2024, la JEP acreditó como víctima del conflicto armado al territorio del Canal del Dique, en el Caso n.º 08 de la SRVR, Montes de María y municipios cercanos.
Estos avances se han ido concretando en decisiones de la JEP destinadas a salvaguardar los derechos de las víctimas. Entre otras acciones, la JEP ha aprobado el Plan de Acción Forense para facilitar la búsqueda y recuperación de cuerpos en las aguas y riberas del canal. También ha dispuesto la activación de un protocolo arqueológico forense, lo que resulta de vital importancia ante las recientes decisiones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el otorgamiento de permisos ambientales en la zona, pues obliga a adoptar medidas para que las obras de dragado no alteren ni destruyan evidencias relacionadas con las cerca de 2.000 desapariciones forzadas registradas en la región.
Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz celebró con éxito la IX Mesa Técnica de Seguimiento en Cartagena. En este espacio, las comunidades étnicas y las autoridades locales dialogaron sobre el diseño y la ubicación de 20 lugares de memoria —en el marco de la denominada Ruta de la Memoria— que se construirán en municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre, con el fin de dignificar la historia de resistencia de las poblaciones afectadas por el Bloque Héroes de los Montes de María.
Estas acciones son importantes para la construcción de una paz estable y duradera, así como para la salvaguarda de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Las medidas cautelares y el seguimiento desarrollado por la JEP en el caso del Canal del Dique se han consolidado como un mecanismo judicial indispensable para proteger los derechos humanos de las víctimas en contextos de macroproyectos de desarrollo. Su importancia radica en tres aspectos clave: 1. Fortalecen los mecanismos para la recuperación de cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado; 2. Obligan a las empresas multinacionales de infraestructura a integrar la gestión forense y el respeto por las víctimas en sus cronogramas logísticos y presupuestos operativos; y 3. Promueven la participación y la redignificación de las víctimas.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), como organización defensora de los derechos humanos, reconoce estos avances e invita a perseverar en la protección y garantía de los derechos de las víctimas. En el caso concreto de la implementación de las medidas cautelares ordenadas por la JEP, además, se requieren al menos tres elementos: a) un firme compromiso institucional con su cumplimiento, dado que estas implican la activación de distintas competencias de autoridades nacionales, regionales y locales, que deben actuar de manera articulada; b) una amplia participación de las víctimas, incluso más allá de quienes solicitaron la medida cautelar, en la definición de su contenido, especialmente en lo relacionado con la memoria; y c) un seguimiento riguroso en todas las etapas de la ejecución del proyecto del Canal del Dique, con el fin de garantizar una integración adecuada de los derechos de las víctimas.
Esto implica también cumplir con el principio de progresividad de los derechos humanos y evitar retrocesos en los estándares de protección ya alcanzados, en especial frente a los trámites, permisos y autorizaciones estatales, así como fortalecer las instituciones que, como la JEP, tienen la responsabilidad de salvaguardar los derechos de las víctimas.
