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La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en Colombia, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU, y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PCDHDD, rechazamos los ataques armados cometidos en contra de la comunidad del Pueblo Nasa del municipio de Toribio, Cauca. En particular, repudiamos las agresiones cometidas los días 16 y 17 de marzo de 2024 contra la vida, integridad y seguridad de la población civil, el reclutamiento forzado de menores de edad y el asesinato de la lideresa y mayora indígena Carmelina Yule, perpetrados por el Frente Dagoberto Ramos perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC-EP, y los ataques del día 18 de marzo de 2024 contra la caravana que transportaba el cuerpo de la defensora Yule.
De acuerdo con la información recibida por la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco “Proyecto Nasa”, los hechos ocurrieron cuando personas armadas secuestraron a un menor de edad, estudiante de la Institución Educativa el Sesteadero, ubicada en la vereda La Palma. Como consecuencia, la comunidad indígena se movilizó en contra de esta acción, liberó al joven y la respuesta de este grupo armado consistió en disparar indiscriminadamente en contra de la población civil.
De acuerdo con la información recibida por la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco “Proyecto Nasa”, los hechos ocurrieron cuando personas armadas secuestraron a un menor de edad, estudiante de la Institución Educativa el Sesteadero, ubicada en la vereda La Palma. Como consecuencia, la comunidad indígena se movilizó en contra de esta acción, liberó al joven y la respuesta de este grupo armado consistió en disparar indiscriminadamente en contra de la población civil.
Es importante mencionar que estos hechos ocurrieron horas después de finalizada la visita oficial a Colombia del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, quien expresó su preocupación por la necesidad de abordar, en el marco de la Paz Total, los agravios históricos de los que han sido víctimas los pueblos indígenas. Así mismo, el Relator advirtió sobre la falta de presencia estatal en las zonas rurales y el riesgo inminente de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas[1].
Además, frente al anuncio del presidente Gustavo Petro de suspender el cese al fuego con el grupo armado Estado Mayor Central (EMC) en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, como plataformas de derechos humanos solicitamos reforzar la protección de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, por ser de las poblaciones más victimizadas por estos grupos; el respeto y las garantías a las formas de protección colectiva en el marco del Decreto 660, así como acciones de prevención efectiva al reclutamiento de niños/as, de lo contrario, la suspensión del cese va a conllevar a la profundización de la situación de derechos humanos y humanitaria en estos territorios con graves consecuencias para las comunidades. Solicitamos además se adelanten de manera urgente y prioritaria las investigaciones y judicialización de los responsables de los hechos.
Para las tres Plataformas de derechos humanos es necesario que el Estado implemente medidas integrales urgentes para mitigar la crisis que enfrentan los liderazgos sociales y las personas defensoras y que ha sido ampliamente denunciada, reconociendo los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres. En particular, se requiere actuar ante la creciente violencia sociopolítica de género[2] que enfrentan las mujeres lideresas y defensoras, quienes están sufriendo el reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, riesgos de violencia sexual, el debilitamiento de los procesos de las organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres a las que pertenecen, y la persecución, desplazamiento o asesinato como consecuencia de las estrategias de control territorial en zonas afectadas por el conflicto armado, entre otras afectaciones a sus labores de liderazgo, las cuales vulneran sus derechos a defender los derechos humanos y a vivir una vida libre de discriminación y violencias.
!! Que pertenecer a las comunidades indígenas Nasa, aportar a la construcción de la paz y defender los derechos humanos, el territorio, la niñez y adolescencia, ¡¡¡¡no nos cueste la vida!!!!
#DefendamosLaVida #NosEstanmatando #DefenderDDHH
[1] Experto de la ONU urge a Colombia dar prioridad a los derechos de los Pueblos Indígenas para lograr la “Paz Total”. 15 de marzo de 2024. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/media-advisories/2024/03/un-expert-urges-colombia-prioritise-indigenous-peoples-rights-achieve
[2] Corte Constitucional Colombiana, Auto 098 del 21 de mayo de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Pág. 49. “Ahora bien, esta Sala observa que la dimensión de género de la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos se manifiesta igualmente en que encaran riesgos de género que no enfrentan los defensores varones, en la misma proporción, debido a los roles preestablecidos que subvaloran y degradan la condición femenina. (…) Muchas de las amenazas y actos de violencia se dirigen contra miembros del núcleo familiar, especialmente contra hijos e hijas, lo cual pone de manifiesto que tales ataques también pretenden una afectación diferenciada que ocasione daños en los bienes y relaciones que las mujeres consideran valiosos e importantes dada su condición femenina”.
