La población étnica desplazada, la más vulnerable del país

La Corte Constitucional realizó este viernes 10 de mayo, la sesión técnica sobre la Garantía de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes como consecuencia del desplazamiento forzado, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 y al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado en 2004, con el objetivo de identificar las falencias estructurales más críticas de la política pública. La sesión de la Corte abordó tres grandes temas: prevención y protección y atención humanitaria; retornos, reubicaciones, vivienda, medios de subsistencia, salud, educación, tierras y territorio; y verdad, justicia y medidas de reparación.

Las magistradas Diana Fajardo y Natalia Ángel, con el magistrado Juan Carlos Cortés, instalaron la sesión técnica sobre la garantía de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en materia de desplazamiento.

Con la participación de entidades, víctimas, organizaciones de los pueblos étnicos, de la sociedad civil y organismos multilaterales, se sostuvo una sesión que concluye que a diferencia de otras poblaciones, en el caso de la población desplazada de pueblos étnicos, el ECI se mantiene sin que haya superación de ninguno de los componentes de vulnerabilidad que analiza la Corte.

Jeison Palacios, Representante del Chocó

Francia Márquez, Vicepresidenta de la República.

Claudia Pai, lideresa indígena pueblo Awá en Nariño

CODHES fue convocada por la Corte para intervenir en la sesión, en su papel como Secretaria Técnica de la Comisión de seguimiento a la Política pública de Desplazamiento forzado y en consideración de su experticia en el tema. En su intervención, el equipo de CODHES destacó los resultados de la IV Encuesta Nacional de Verificación de situación de la población desplazada que muestran que esta población sigue siendo la más vulnerable entre las más vulnerables en Colombia, y que hay un impacto del conflicto armado aún más desproporcionado en mujeres rurales y pueblos étnicos: “Los indicadores son más graves, con mayores impactos para los pueblos indígenas y afrocolombianos”, dijo Marco Romero Silva, Director de CODHES a la Corte.

CODHES le dijo a la Corte que es necesario considerar en esta revisión la persistencia de escenarios de vulneración de derechos como la continuidad del conflicto armado y la presencia de grupos armados en los territorios en los que viven los pueblos étnicos, el contexto de necesidades básicas insatisfechas, el cruce con economías ilegales que requieren de intervenciones integrales, sistémicas y coordinadas, la falta de implementación del Acuerdo de Paz y del Capítulo Étnico. 

Luis Fernando Sánchez, Coordinador Jurídico de CODHES e investigador de la Comisión de Seguimiento, señaló a la Corte que la ausencia de una batería de indicadores étnicos es una gran limitante para hacer seguimiento, tener información disponible para evaluar ver los avances, los estancamientos y las necesidades de mejora de política pública “No tenemos un buen sistema de información para medir el goce efectivo de derechos”, dijo y expresó que “también ha sido muy difícil realizar un balance del impacto de medidas contenidas en instrumentos como el del CONPES 4031 en la atención, la prevención y el retorno”.

Marco Romero Silva, Director de CODHES e integrante de la Comisión de Seguimiento a la PP de desplazamiento forzado.

Luis Fernando Sánchez, Coordinador de Incidencia Jurídica de CODHES.

En esta intervención también CODHES destacó a la Corte avances en los procesos de Consulta Previa; la creación de la gerencia de justicia étnico racial como una estrategia de fortalecimiento de los gobiernos propios de los pueblos étnicos; la actualización normativa en la implementación de la Ley 70; la Comisión Intersectorial Nacional de reparación histórica; las recomendaciones de la Comisión de la Verdad; la perspectiva de la JEP del territorio como víctima y en reparación colectiva, que sean los mismos sujetos étnicos quienes decidan e implementen sus medidas de reparación.

Finalmente, recomendó al Estado profundizar en el relacionamiento entre los gobiernos estatales y los gobiernos étnicos y generar una articulación y coordinación entre estos dos sistemas, así como avanzar  en estrategias de protección a la identidad cultural que ha tenido un gran impacto en los pueblos que han sido desplazados forzosamente. 

*Fotografías de la Corte Constitucional