Urge fortalecer las medidas de protección de los derechos humanos a personas refugiadas en la región

CODHES como parte del Grupo Articulador Regional del Plan de Acción Brasil-GAR PAB,  participó en la Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, sobre la “Protección de derechos de personas refugiadas a 40 años de la Declaración de Cartagena”.

Durante la audiencia, organizaciones de la sociedad civil en la región, la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR y Estado de Chile compartieron sus análisis y destacaron la importancia de que el Proceso de Cartagena + 40 incluya un enfoque basado en derechos, una perspectiva interseccional, así como el enfoque de género y antirracista, y la necesidad de fortalecer y garantizar las medidas de protección de los derechos humanos de personas refugiadas en la región.

Es una realidad que las dinámicas migratorias mixtas, compuestas fundamentalmente por personas en situación de vulnerabilidad, se han incrementado de manera sustancial en los últimos 10 años, provocando tragedias humanitarias como la que actualmente ocurre en la zona del Darién. A ello se intenta dar respuesta a través de la implementación de medidas discrecionales y parciales que no son diseñadas contemplando las causas, ni tienen el fin de garantizar los derechos de las personas con necesidad de protección. 

Frente a ello, durante la intervención de Gabriela Liguori, Directora Ejecutiva de CAREF Argentina, en representación del Grupo Articulador Regional del Plan de Acción Brasil-GAR PAB-, resaltó la preocupación que existe frente a aquellos países de la región que aún con una tradición comprometida con los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, persisten en la actualidad en implementar prácticas regresivas que obstaculizan el derecho a migrar y a solicitar asilo, tales como las deportaciones, reconducciones, expulsiones y la militarización de las fronteras.

También, el GAR PAB, señaló la preocupación por el desplazamiento forzado de personas a causa de los efectos del cambio climático, una realidad que afecta a la región, por lo que es indispensable adoptar una interpretación amplia de protección, fortaleciendo los marcos legales existentes, Incluir el contexto de emergencia climática en los procesos de determinación del reconocimiento de la condición de persona refugiada, y afirmar la aplicabilidad del derecho de no devolución en episodios de desplazamiento climático.

Además, mencionó otras preocupaciones que se viven en la región con relación a:

• Graves violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes afrodescendientes en el último año y medio. En 2023, la Dirección General de Migración de República Dominicana, reportó al menos 251.000 personas haitianas incluidas en deportaciones colectivas. 
• En la frontera de Guatemala – México, las organizaciones de la sociedad civil han documentado una sucesión de graves violaciones a los derechos humanos y el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, incluida la utilización de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad contra las personas integrantes de “caravanas”. 

• Violación  del principio de no devolución por parte de los Estados en la región.

• Respecto a la prevención y erradicación de la apatridia, entre los casos más preocupantes resaltó lo que sucede en República Dominicana, ya que por muchos años las autoridades han adoptado varias medidas enfocadas en desnacionalizar a personas nacidas en el país, cuyos madres/padres de ascendencia haitiana tuvieron un estatus migratorio “irregular”. 

Otros aportes durante las intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil: 

• “Este aniversario de la declaración de Cartagena, es una gran oportunidad para que los Estados reafirmen su compromiso con las personas con necesidad de protección y que implementen todas las herramientas de sus ordenamientos jurídicos a partir de una perspectiva interseccional, de género y antirracista” Adeline Neau de Amnistía Internacional

• “Hay una omisión del cumplimiento de obligaciones compartidas, como el promover fronteras solidarias, pasos seguros y frenar la criminalización de búsqueda de salvaguarda del derecho a la vida. Recordamos que las causas que originaron el éxodo masivo de personas venezolanas no han cambiado en los últimos 10 años, por el contrario nos encontramos en un nuevo pico de desplazamiento por el recrudecimiento de las violaciones de derechos y la persecución” Nancy Areyano Suárez de Sin Fronteras IAP

Finalmente, desde la vocería del GAR PAB se hizo un llamado a la CIDH y a la secretaria del proceso de Cartagena +40 (Gobierno de Chile y ACNUR) a fomentar y fortalecer la participación real y activa de la sociedad civil en todo el proceso de Cartagena + 40, incluyendo la redacción del documento final de la Declaración y Plan de Acción de Chile 2024-2034 y las acciones de monitoreo posteriores a su aprobación e implementación.

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