La Corte Constitucional colombiana aprobó el Acuerdo de Escazú

Por: Diana Lorena Quintero Parra. Asesora del Campo porgramático de Mitigación de la crisis socioecologica .CODHES

Colombia ha dado un paso trascendental en la protección de su amplia biodiversidad y en  la defensa de los derechos ambientales. La Corte Constitucional ha aprobado el Acuerdo de  Escazú, un hito histórico que marca un antes y un después en la relación entre el Estado y  la sociedad civil en materia ambiental. Este acuerdo no solo representa un avance en la  protección del medio ambiente, sino que también fortalece los derechos humanos de las  comunidades más vulnerables, particularmente aquellas afectadas por el desplazamiento y  la conflictividad territorial.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional en América Latina y el Caribe que se  centra en garantizar el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en la  toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Colombia siendo un país  con una biodiversidad única y con una larga historia de conflictos socioambientales, este  acuerdo representa una herramienta fundamental para; proteger los derechos de las  comunidades más vulnerables, especialmente aquellas afectadas por el conflicto armado y  la explotación de recursos naturales, estas tendrán un papel más activo en la toma de  decisiones que afectan sus territorios. Asimismo, fortalece la protección de los defensores  ambientales que a menudo enfrentan amenazas y violencia por su trabajo. El Acuerdo de  Escazú, se complementa con otros acuerdos internacionales como los Objetivos de  Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, reforzando el compromiso de Colombia con la  sostenibilidad y la justicia ambiental.

La aprobación del Acuerdo de Escazú es solo el comienzo, para que este acuerdo se traduzca  en cambios reales en la vida de las comunidades, para que los beneficios del acuerdo se  materialicen en el país, es imperativo tomar acciones como el desarrollo de políticas  nacionales; es crucial que el gobierno colombiano desarrolle y ponga en marcha políticas y  regulaciones claras que alineen las leyes nacionales con las obligaciones del Acuerdo de  Escazú. Esto incluye la creación de mecanismos efectivos para garantizar el acceso a la  información ambiental y la participación ciudadana en todos los niveles de toma de  decisiones. Asimismo, es indispensable que se fortalezcan las medidas de protección para  los defensores de derechos humanos y ambientales, quienes juegan un papel fundamental  en la implementación de este acuerdo. El gobierno debe garantizar su seguridad y  brindarles apoyo en su labor de defensa del medio ambiente.

Para que el Acuerdo de Escazú tenga un impacto real, es necesario promover la educación  y sensibilización sobre los derechos y obligaciones que este conlleva. Las comunidades,  especialmente aquellas en zonas rurales y de conflicto, deben ser informadas y capacitadas  para hacer valer sus derechos bajo este acuerdo. La implementación del Acuerdo de Escazú

debe ser rigurosamente monitoreada y evaluada para asegurar que los compromisos  asumidos se cumplan de manera efectiva. Es fundamental que la sociedad civil y las  organizaciones como CODHES estén activamente involucradas en este proceso.

En CODHES celebramos esta importante decisión y reafirmamos nuestro compromiso de  seguir trabajando por la protección de los derechos humanos y ambientales en Colombia y  la región. El Acuerdo de Escazú nos brinda una nueva oportunidad para construir un futuro  más justo y sostenible, continuaremos apoyando a las comunidades desplazadas y  vulnerables en su lucha por la justicia y la defensa de sus territorios, en línea con los  principios del Acuerdo de Escazú.

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