En América Latina y el Caribe URGE reconocer el rol y garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos en contextos de movilidad humana forzada

CODHES, con el apoyo y la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), realizó el Diálogo Regional que convocó a personas defensoras de derechos humanos de población migrante y refugiada en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Cartagena – Colombia, octubre 29 de 2024. El 28 y 29 de octubre se llevó a cabo el “Diálogo Regional: Derecho a Defender los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe”, encuentro que se realiza en el marco del proyecto “Derecho a Defender los Derechos Humanos en la región”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Durante dos días, se reunieron en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, en Colombia, personas defensoras de derechos humanos, representantes de la sociedad civil, del sistema de Naciones Unidas, de Defensorías del Pueblo y otros actores estratégicos de países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con el objetivo de intercambiar experiencias, generar recomendaciones y obtener compromisos de los Estados y de más actores relacionados en el tema para garantizar y proteger el ejercicio de defensa y promoción de los derechos humanos en contextos de movilidad humana forzada.

La crisis de desplazamiento forzado en América Latina y el Caribe, que afecta a más de 23 millones de personas según ACNUR, ha exacerbado la vulnerabilidad de las y los defensores de derechos humanos. Quienes defienden los derechos, son a menudo migrantes o refugiados que enfrentan amenazas, estigmatización y falta de recursos en su labor de protección de las personas en movilidad humana. Los Estados deben tomar medidas urgentes para garantizar su seguridad y permitirles ejercer sus funciones de manera libre y segura.

Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, han reconocido la gran labor que lideran quienes defienden los derechos humanos. Sin embargo, defensoras-es de derechos de la población en movilidad humana, principalmente de carácter forzada, se enfrentan a diario a un contexto adverso; además, muchos de ellos/ellas, son también migrantes o refugiadas-os, lo que agrava su situación y limita su capacidad de ayudar a quienes más lo necesitan. Además, su compromiso y esfuerzo, se ven obstaculizados por la estigmatización, las amenazas y la falta de recursos, dificultando así una labor que, en muchos casos es altruista y desinteresada.

Este diálogo es un llamado a la acción para garantizar los derechos de quienes defienden a la población en movilidad humana forzada y para brindarles el apoyo que necesitan para continuar su labor en la región.

Situaciones identificadas en 2024, en medio del proceso de investigación que adelanta CODHES en países de la región:

• En Colombia, la labor de las y los líderes, de defensoras-es de derechos de las personas en movilidad humana forzada, se ha vuelto fundamental en la atención a las víctimas de desplazamientos forzados y confinamientos. Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (SISDHES) de CODHES, entre el 1 de enero y el 31 de septiembre de 2024 se han registrado 96 eventos de desplazamiento que afectan al menos a 38,841 personas, y 75 casos de confinamiento que han impactado a más de 167,567 individuos. Estos esfuerzos son vitales para salvaguardar los derechos de aquellos que enfrentan situaciones de violencia y desigualdad.
• En Venezuela, la masiva salida de personas de este país ha llevado a lideresas y líderes, y a defensoras-es de DD.HH. a implementar diversas acciones para apoyar a quienes migran por rutas irregulares. Según la plataforma R4V, en junio de 2024 se contabilizaron 6,590,671 personas refugiadas y migrantes venezolanas en Latinoamérica y el Caribe. Ante esta crisis, las y los defensores se unen para mitigar las violencias en las zonas fronterizas, donde son comunes vulneraciones como engaños, trata de personas, y reclutamientos forzados. Además, brindan atención a quienes regresan al país y buscan de nuevo migrar, enfrentando el riesgo de ser víctimas de abusos tanto en las rutas migratorias como en los países de tránsito.
• En Ecuador, la falta de políticas públicas para proteger a las y los defensores de derechos humanos está exacerbando la vulnerabilidad de personas migrantes y refugiadas. La militarización y los constantes estados de excepción en el país han limitado el acceso a derechos fundamentales, aumentando el riesgo de deportaciones arbitrarias. Hasta la fecha, no se ha establecido un diálogo significativo sobre el liderazgo social de la población refugiada y migrante, lo que ha llevado a que estos liderazgos, especialmente a nivel local, permanezcan ocultos debido al temor generado por la creciente inseguridad en el país, una situación que se ha intensificado desde antes de la pandemia por COVID-19.
• En Perú, las y los líderes y defensoras-es de derechos de la población en movilidad humana forzada continúan trabajando arduamente para proteger los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, una problemática que se remonta a la época de la violencia. Según la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, para 2023 había 74,170 víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV), junto a 68,368 que aún esperan atención, lo que revela una alarmante brecha del 92.19% en modalidades de reparación. En este contexto, el papel de quienes defienden los derechos es crucial, para garantizar atención y exigibilidad de derechos para aquellas personas que aún no han recibido reparaciones adecuadas.
• En México, la ausencia de un registro sistemático y de investigaciones recientes sobre la situación de las y los defensores de DD.HH. de la población en movilidad humana forzada, crea un vacío crítico, considerando que el país es un importante punto de acogida, tránsito y retorno para migrantes. Esta falta de reconocimiento de la migración más allá del tránsito, impide que se ofrezcan servicios adecuados y alineados con la realidad de quienes migran a diario, enfrentándose a vulneraciones en su recorrido. Además, la violencia generalizada en el país ha expuesto a la población en movilidad humana forzada a numerosos riesgos, como el narcotráfico, secuestros, desapariciones forzadas, y trata de personas. Tanto defensoras-es como migrantes enfrentan amenazas de muerte, hostigamiento y violencia física, especialmente en regiones como Tapachula, donde han sido atacados por grupos criminales y autoridades.
• En Nicaragua, personas defensoras de derechos humanos se ven forzadas a abandonar el país debido a la falta de garantía y respeto por parte del gobierno a sus derechos ciudadanos y políticos. Muchos de ellos y ellas se han radicado en países vecinos como Costa Rica, donde intentan continuar su labor de defensa de derechos. Sin embargo, a pesar de estar por fuera de Nicaragua, persisten las amenazas y el temor de visibilizar su trabajo, lo que dificulta el apoyo a sus connacionales tanto dentro como fuera del país. Las y los defensores sienten que, aunque su ubicación actual les ofrece cierta protección, es preferible mantener un perfil bajo para evitar ser identificadas-os y perseguidas-os, lo que resalta el riesgo constante al defender los derechos de población en movilidad humana forzada.
• En Honduras, el mecanismo de protección para las personas que defienden los derechos humanos y periodistas enfrenta serias deficiencias, lo que los y las ha llevado a salir huyendo del país debido a la inminente amenaza de muerte y la falta de garantías efectivas. Las y los defensores de DD.HH., así como, quienes migran, sufren múltiples obstáculos en un entorno politizado y peligroso, donde las amenazas son comunes, especialmente en áreas controladas por estructuras criminales. Además, la situación se agrava por la falta de voluntad política para abordar adecuadamente los derechos de las mujeres, que son a menudo instrumentalizadas para dar visibilidad sin que se implementen acciones concretas que mejoren sus condiciones. Los comités de migrantes desaparecidos han sido “minimizados”. En este contexto, aquellos que defienden los derechos de las víctimas enfrentan peligros constantes, incluyendo amenazas de tratantes de personas y delincuentes.

En América Latina y el Caribe, a pesar de las diversas realidades que enfrentan cada uno de los países de la región, el trabajo de quienes defienden los derechos humanos de la población en movilidad humana forzada, es esencial en la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Su trabajo no solo aboga por los derechos individuales, sino que también contribuye a crear sistemas y estructuras que garantizan el respeto y la dignidad para la humanidad.

Quienes defienden los derechos juegan un papel esencial en la prevención de riesgos y violaciones de los DD.HH., por ello, para que puedan realizar su labor, es fundamental que los Estados cumplan con los compromisos y estándares internacionales en materia de derechos, brindando las garantías necesarias y un abordaje integral, frente a problemáticas como la estigmatización, la xenofobia y la violencia que afecta a defensoras y defensores.

Las personas defensoras de los derechos humanos son fundamentales, sobre todo en contextos de movilidad humana forzada, su trabajo es relevante para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población migrante, refugiada, retornada y desplazada en la región. En este sentido, CODHES hace un llamado a que se les garantice su protección y se les proporcione entornos seguros para ejercer su labor.

Apoyar a las y los defensores, reconocer la importancia de su trabajo y asegurar el derecho a defender los derechos humanos, es avanzar hacia la garantía de derechos para todas las personas. ¡CONECTA POR LOS DERECHOS!

Todas las acciones suman para proteger la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos en América Latina y el Caribe.

Para más información o para concertar una entrevista contactar a: Paola Alape analistacomunicaciones4@codhes.org Cel: 311 275 42 75