Amenazas, estigmatización, xenofobia y falta de recursos, situaciones que afectan a personas defensoras de población migrante en América Latina y el Caribe, revela informe

• La investigación fue presentada por CODHES en el marco de del proyecto regional Derecho a defender los derechos humanos en América Latina y el Caribe, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia.

Bogotá, abril 2025. Amenazas, estigmatización, xenofobia y falta de recursos, son los temas que más afectan a defensoras y defensores de personas en movilidad humana forzada en países de América Latina y el Caribe, según lo reveló una investigación de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en el marco del proyecto regional Derecho a defender los derechos humanos en América Latina y el Caribe, que concluyó con diagnósticos de esta situación en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Según lo explica Marco Romero Silva, director de CODHES, “en un contexto regional cada vez más desafiante, las personas que defienden los derechos de migrantes y refugiados enfrentan crecientes obstáculos como la estigmatización, las amenazas y la reducción de recursos para su labor. Por eso es urgente que los Estados y la cooperación internacional reconozcan la importancia de su rol en la mitigación de las crisis migratorias y de refugio en el continente, las cuales sin su ayuda se agravaría aún más”.

La investigación -que contó con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia-, tuvo los siguientes principales hallazgos por país:

Colombia

Cerca del 80% de los defensores y las defensoras de personas en movilidad humana forzada en Colombia ejerce su labor sin remuneración o con salarios demasiado bajos, que en muchas ocasiones tienen que combinar con trabajos informales para sobrevivir. El país es el principal receptor de migrantes y refugiados venezolanos en la región (más de 2.8 millones) y los principales riesgos que enfrentan quienes defienden sus derechos son amenazas y violencia, por ejemplo, cuando grupos armados ilegales los estigmatizan como “colaboradores de la guerrilla” o los atacan directamente.

Brasil

Los defensores y las defensoras de personas en movilidad humana forzada en Brasil carecen de recursos para operar y el Programa de Proteção a os Defensores de Direitos Humanos (PPDDH) no incluye una línea específica para defensoras migrantes, dejándolas desprotegidas ante amenazas. El país alberga a 568.058 venezolanos, de los cuales 132.626 son reconocidos como refugiados y 479.751 tienen residencia. Sin embargo, migrantes de Haití, África y Asia enfrentan barreras adicionales, como discriminación y falta de programas específicos; además, el informe reveló que los defensores y las defensoras indígenas, como los waraos de Venezuela, sufren de racismo y exclusión en servicios públicos. 

Chile

La mayoría de personas que trabajan por la defensa de los derechos de la población en movilidad humana forzada en Chile son mujeres y enfrentan sobrecarga de responsabilidades al tener que combinar su labor con roles domésticos y familiares, reciben salarios mínimos o en algunos casos trabajan sin ninguna remuneración, y sufre discriminación y xenofobia. En el país, 336.984 personas (17,6%) se encuentran en situación migratoria irregular, lo que limita su acceso a derechos fundamentales como salud, educación y trabajo. El informe también señala que la Ley de Migración y Extranjería (Ley 21.325 de 2021) enfrenta obstáculos burocráticos y falta de recursos, dificultando la regularización. En el país no existe un marco normativo específico sobre personas defensoras de DD.HH que reconozca y proteja de manera transversal su labor, ni se dispone de medidas específicas para otorgarles protección.

Ecuador

La creciente inseguridad, violencia y la falta de políticas efectivas de protección para ejercer su labor, han dejado a los defensores y las defensoras de personas en movilidad humana forzada en Ecuador en una situación crítica. En 2024, 60.668 personas extranjeras abandonaron Ecuador debido a la violencia y la falta de oportunidades. Además, 57.000 ecuatorianos cruzaron el Darién en 2023 y EE.UU. reportó 74.000 encuentros con migrantes ecuatorianos en su frontera sur hasta julio de 2024. A este panorama se le suma que en el país no existen mecanismos estatales de protección para defensores y defensoras de derechos humanos. El Programa de Protección de Víctimas y Testigos solo se activa en casos emblemáticos, dejando a líderes y organizaciones en riesgo, revela el informe.

Guatemala

Más del 80% de las personas que defienden los derechos de la población en movilidad humana forzada en Guatemala son mujeres y de ellas la gran mayoría trabaja en constante riesgo de sufrir amenazas y acoso. La defensa de los derechos humanos en el país es una labor vital pero de alto riesgo, que se agrava más por su exposición a violencias de género, como acoso sexual y discriminación desde diferentes actores; en muchos casos estas acciones se extienden a formas sutiles de represión y criminalización por parte del Estado y grupos criminales.

Honduras

Entre enero y agosto de 2023, 236 defensores y defensoras de derechos de personas en movilidad humana forzada en Honduras recibieron ataques, según datos de Human Rights Watch; lo que quiere decir que más de 200 cada año están en riesgo. El país vive una crisis humanitaria marcada por la violencia, la pobreza y los desastres climáticos, que ha generado un flujo constante de migración forzada.

México

El Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, que cobija a los defensores y las defensoras de población en movilidad humana forzada en México, solo ha beneficiado al 10.6% de la población objeto. Además sufren continuas amenazas, extorsiones y agresiones físicas por parte de grupos criminales y autoridades. En 2024, por ejemplo, se registraron 649 casos de violencia contra ellos, con un aumento significativo en los primeros meses del año.

Nicaragua

Vigilancia sistemática, amenazas a familiares y hostigamiento legal, son los flagelos que más sufren los defensores y las defensoras de derechos de las personas en movilidad humana forzada en Nicaragua. El país enfrenta una crisis sistemática de derechos humanos bajo el actual Gobierno, marcada por la represión contra la disidencia, incluyendo defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios y religiosos. Las cifras revelan que desde 2018 más de 260 mil nicaragüenses (aproximadamente el 4% de la población) han huido del país, principalmente hacia Costa Rica, que se ha convertido en el principal destino para quienes buscan refugio.

Así mismo, la investigación menciona que, desde 2018, ya son más de 5 mil organizaciones sociales clausuradas por orden presidencial, más de 300 personas despojadas de su nacionalidad y desterradas a Estados Unidos, y más de 300 personas asesinadas durante protestas callejeras.

Perú

Más de 100 amenazas cada año sufren los defensores y las defensoras de personas en movilidad humana forzada en Perú, principalmente en la zona de la Amazonía. El país alberga a más de 1.5 millones de venezolanos (entre refugiados, solicitantes de asilo y migrantes), pero solo se ha concedido asilo al 1% de las solicitudes (608,816 entre 2016 y 2023). A esto se suma que la eliminación de la visa humanitaria en julio de 2024 y la militarización de fronteras han dejado a cientos de migrantes varados, exponiéndolos a riesgos como trata y explotación, así como a defensoras y defensoras de sus derechos, especialmente mujeres trans, quienes enfrentan discriminación en el acceso a refugios y servicios básicos.

Venezuela

La alta inflación y la falta de financiamiento estatal e internacional debilitan constantemente la labor de los defensores y las defensoras de personas en movilidad humana forzada en Venezuela, así como las constantes amenazas, estigmatización y violencia por parte de grupos armados ilegales. El país enfrenta un complejo escenario marcado por disputas geopolíticas, crisis humanitaria y migratoria, y la presencia de grupos armados. Estas condiciones han expuesto a la población civil y a las y los defensores de derechos humanos a riesgos significativos. No hay garantías jurídicas para adelantar trabajos de defensa de derechos; muchas veces, por ejemplo, son acusados de traición a la patria o de apoyar al terrorismo, delitos que dan cárcel en Venezuela.

Las tensiones internacionales han debilitado sustancialmente el apoyo y financiamiento a proyectos de organizaciones de derechos humanos en Venezuela que trabajan por la población refugiada y en vulnerabilidad.

Panorama en la región

En América Latina y el Caribe son más de 100 organizaciones sociales que protegen los derechos humanos de la población migrante, refugiada y desplazada las que están en riesgo de continuidad debido a las constantes amenazas, la estigmatización, xenofobia y falta de apoyo en recursos económicos.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), América Latina es la región del mundo más peligrosa para las personas defensoras de los derechos humanos en un contexto donde cada vez es más relevante su trabajo ante las diferentes crisis.

Esto se debe a que la región enfrenta un aumento sostenido de los flujos de personas obligadas a migrar, debido a factores como conflictos, violencias, crisis económicas, persecución e inestabilidad política y la emergencia climática. Esta situación ha dejado como resultado más de 23 millones de personas refugiadas y desplazadas en la región, según ACNUR. Frente a esta crisis, las personas y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos atienden las necesidades de acompañamiento, orientación y protección para enfrentar y superar las situaciones de discriminación, indiferencia y vulneraciones que estas personas experimentan durante su desplazamiento y en su búsqueda de protección, reasentamiento e integración en un nuevo territorio.

Sobre Conecta Por Los Derechos

La iniciativa -que cuenta con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia-, tiene como objetivo visibilizar y reconocer el rol crucial de las personas defensoras de derechos humanos de población migrante y refugiada en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como contribuir a posicionar el tema en la agenda pública de cada país e invitar a que los Estados brinden todas las garantías de protección y apoyo a la labor que hacen estas personas y sus organizaciones.

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