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Estados Miembros de la Unión Europea
Desde la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES organización de sociedad civil colombiana con más de tres décadas de trabajo especializado con víctimas del conflicto armado y poblaciones vulnerables, nos permitimos dirigir respetuosamente al Parlamento Europeo y a los Estados miembros de la Unión Europea (UE), las siguientes consideraciones en el contexto de la reciente resolución que incorpora a Colombia en la lista de países de origen seguros. (ELESPECTADOR.[1])
Si bien reconocemos y valoramos los esfuerzos multilaterales orientados a mejorar los sistemas de asilo y migración en la UE, consideramos que la decisión adoptada puede derivar en el debilitamiento de los compromisos internacionales en materia de protección internacional del derecho de las personas a solicitar refugio ante situaciones de peligro o persecución generalizada, en particular respecto a las solicitudes de asilo de personas colombianas con necesidad de protección internacional.
Contrario a la premisa de seguridad generalizada adoptada en la resolución europea, la situación colombiana en la práctica sigue caracterizándose por niveles elevados, complejos y diferenciados de violencias derivadas de los Conflictos Armados No Internacionales que se desarrollan en diferentes regiones del país, los cuales afectan directamente a la población civil y generan desplazamientos forzados, confinamientos, asesinatos selectivos, reclutamientos forzados, violencias sexuales y basadas en género, amenazas entre otros hechos victimizantes que deben leerse en el contexto de una débil presencia del Estado y por ende de escasez de mecanismos de protección efectiva para las víctimas.
De acuerdo con el monitoreo realizado por nuestro Sistema de Información Sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (SISDHES), desde la firma del Acuerdo de Paz y hasta diciembre de 2025 en Colombia han ocurrido 1237 eventos de Desplazamiento Múltiple y Masivo con al menos 523.929 víctimas; 512 eventos de Confinamiento y Restricciones a la Movilidad Humana con al menos 1.020.175 víctimas; también se han presentado 612 Masacres que dejaron un saldo de 2.199 víctimas y más de un millar de lideres y lideresas sociales asesinados en todo el país. Por esta razón la Corte Constitucional emitió las sentencias SU 020 de 2022 y SU 546 de 2023 donde se declaran respectivamente, Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en materia de protección a firmantes del acuerdo de paz y de lideres y lideresas sociales. Estas sentencias aunadas a la sentencia T-025 de 2004 que declara un ECI en torno a los derechos de las personas desplazadas, permiten concluir que el país se encuentra lejos de superar sus condiciones estructurales de violencia.
Así también lo evidenció recientemente un informe integral de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre “Los impactos de la violencia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, el cual aborda de manera detallada que:
- La violencia en Colombia es un fenómeno estructural y transversal que afecta derechos fundamentales (a la vida, integridad, libertad), especialmente de personas defensoras de derechos humanos, lideresas y lideresas sociales, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, así como jóvenes y poblaciones rurales. (OEA,[2])
- En zonas con presencia de Grupos Armados No Estatales persisten amenazas, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, confinamientos y otros delitos. (OEA, [2])
- La CIDH recalca la persistencia de violencias sistemáticas contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos comunitarios, vinculadas a dinámicas socioeconómicas y territoriales complejas, agravadas por economías ilícitas y control territorial de distintos grupos armados. (OEA,[2])
Por su parte, los informes de la Defensoría del Pueblo de Colombia han llamado la atención sobre violencias persistentes dirigidas hacia liderazgos sociales y personas defensoras de derechos humanos, con cifras significativas de asesinatos y amenazas en departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia, y una respuesta institucional todavía insuficiente frente al fenómeno (Defensoría, [3]). Sobre estos hechos, CODHES también se ha pronunciado en sus informes de análisis sobre la situación humanitaria del país y en ellos ha concluido a partir de evidencia empírica que los conflictos armados continúan siendo un desafío crítico en materia de derechos humanos, con impactos diferenciados en mujeres, grupos étnicos y personas en situación de vulnerabilidad estructural, como también lo ha hecho la defensoría del pueblo. (Defensoría, [4]).
Por todo lo anterior, CODHES considera que la declaratoria de Colombia como país seguro puede generar al menos los siguientes riesgos:
- Desincentivar la presentación de solicitudes legítimas de protección internacional por parte de personas que efectivamente huyen de violencia, persecución y amenazas directas a su vida o territorio.
- Restringir el acceso efectivo a mecanismos de protección contemplados en los principios del derecho internacional de los refugiados, incluidos los de no devolución (non-refoulement, del Artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951) y la consideración individual de graves riesgos.
- Obviar las recomendaciones institucionales de organismos como la CIDH, la Corte Constitucional de Colombia y la Defensoría del Pueblo que advierten sobre la necesidad de mantener mecanismos robustos de protección internacional, atención a víctimas y enfoque diferencial en territorios en conflicto.
En virtud de lo anterior, desde CODHES solicitamos respetuosamente:
- Revisar con carácter urgente la inclusión de Colombia en la lista de países de origen seguros, a la luz del contexto de violencia persistente documentado por organismos nacionales e internacionales.
- Asegurar que la política de asilo en la UE preserve el principio de protección internacional, con acceso efectivo a procedimientos justos, individuales y con valoración realista de las condiciones de riesgo en Colombia.
- Fortalecer mecanismos de cooperación con instituciones como la Defensoría del Pueblo, la CIDH, agencias de la ONU y organizaciones de sociedad civil, para garantizar información fáctica y contexto actualizado que respalde decisiones legislativas de tan alto impacto humanitario.
- Garantizar que los compromisos asumidos por la UE en materia de derechos humanos y protección internacional no se debiliten, reconociendo las obligaciones emergentes del derecho internacional de asilo, derechos humanos y de víctimas de conflictos armados.
En coherencia con nuestros valores y responsabilidad frente a las víctimas del conflicto armado en Colombia, reiteramos este llamado a la reflexión, revisión y colaboración multilateral para garantizar que las políticas migratorias y de asilo en la UE sean construidas en clave de derechos humanos y en base a las realidades fácticas de las personas en necesidad de protección internacional para de esta forma evitar que personas con riesgos graves sean desprotegidas.
Atentamente,
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-
Bogotá, Colombia.
—
[1]: https://www.elespectador.com/mundo/america/parlamento-europeo-declara-a-colombia-pais-seguro-y-acelera-rechazos-de-asilo/ “Parlamento Europeo declara a Colombia país seguro y acelera rechazos de asilo”
[2]: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2025/Informe_Colombia_IV.pdf?utm_source=chatgpt.com “los impactos de la violencia sobre la situación …”
[3]: https://www.defensoria.gov.co/-/informe-violencias-persistentes-contra-defensoras-de-derechos-humanos-y-mujeres-lideresas-sociales?utm_source=chatgpt.com “Informe de la Defensoría del Pueblo revela violencias persistentes contra defensoras de derechos humanos y mujeres lideresas sociales – Defensoria”
[4]: https://www.defensoria.gov.co/-/-en-colombia-el-conflicto-armado-sigue-siendo-un-desaf%C3%ADo-cr%C3%ADtico-en-derechos-humanos-especialmente-para-las-mujeres-defensora-del-pueblo?utm_source=chatgpt.com ““En Colombia, el conflicto armado sigue siendo un desafío crítico en derechos humanos, especialmente para las mujeres”: Defensora del Pueblo – Defensoria”




