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La situación migratoria regional actual es inédita, tanto por el crecimiento exponencial de los migrantes que viven en la región, como por la reconfiguración de las dinámicas migratorias en la que países que tradicionalmente casi no recibían migrantes comenzaron a hacerlo.
En este escenario emergen políticas securitarias y restrictivas que buscan controlar los flujos migratorios. Estas prácticas que parecían estar limitadas a los países del norte, avanzan sin demasiada oposición hacia nuestra región y, año tras año, corren el límite de lo habilitado. Mientras la situación de quienes buscan llegar a Estados Unidos se encrudece, la militarización de las fronteras sudamericanas aparece cada vez más naturalizada.
Desde finales de febrero cientos de migrantes, en su mayoría de Venezuela, Haití y Colombia, que residían en Chile se vieron obligados a dejar el país. Ello, por los altos costos de vida y el endurecimiento de la política migratoria -en particular la falta de canales para regularizarse y los proyectos de reforma legislativa que criminalizan la migración irregular-.
El gobierno de Chile decretó el despliegue militar al norte del país. Con ello, amplió las atribuciones y deberes de las FF. AA, habilitando controles de identidad y detención de personas en situación irregular o que hayan cometido o se crea que buscan cometer un acto ilícito para ponerlas a disposición de las policías.
La situación se agravó aún más cuando la salida del territorio chileno se vio impedida por la prohibición del gobierno de Perú de ingresar al país alegando falta de documentación. En este contexto, Dina Boluarte decretó el estado de emergencia y la militarización de las fronteras apelando a razones de orden interno y de seguridad nacional. Entre otras cosas, la declaración del estado de emergencia restringe y/o suspende el ejercicio de los derechos de libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Regularización migratoria: una tarea regional
La militarización de las fronteras es la respuesta inmediata de los gobiernos a un problema estructural que viene caracterizado a la región en los últimos años: la falta de mecanismos de regularización accesibles y permanentes.
Lejos de frenar la migración, la escasez de opciones para acceder a una residencia legal sólo aumenta la irregularidad y la vulneración de derechos. El acceso a la salud, la educación, a una vivienda adecuada, a derechos laborales y a la protección social se ven obstaculizados sin un estatus legal. Además, agudiza la violencia y vulnerabilidad a grupos de especial protección como Niños, Niñas y Adolescentes y comunidad LGBTIN+.
El despliegue de Fuerzas Armadas para contener estos flujos profundiza los conflictos y aumenta la situación de vulnerabilidad de esta población. La falta de herramientas y formación adecuadas para este tipo de tareas y el riesgo de uso excesivo de la fuerza ponen en peligro los derechos humanos de las personas migrantes.
Una política migratoria orientada a la inclusión, protección y no discriminación debe fortalecer los procedimientos ordinarios y permanentes de regularización. Los mecanismos de regularización extraordinarios que proliferaron en la región en los últimos años deben implementarse sólo en situaciones de emergencia y enlazar sin fisuras hacia procedimientos ordinarios y soluciones duraderas.
La respuesta que se pueda dar en este sentido no depende sólo de los Estados que están directamente involucrados. La migración sur-sur es, sobre todo, un fenómeno regional; las medidas adoptadas en cada país impacta en la movilidad hacia otros territorios. La responsabilidad, por lo tanto, es colectiva y debe guiarse por los tratados de derechos humanos y los principios de solidaridad que caracterizan a la integración regional.
La historia de la integración regional sudamericana tiene uno de sus hitos en los acuerdos alcanzados en política migratoria. Los acuerdos de residencia del Mercosur y de la Comunidad Andina han sido reconocidos internacionalmente por su alto nivel de protección de los derechos de las personas migrantes. A través de estos acuerdos, los Estados respondieron a los flujos migratorios desde un enfoque de derechos, con procedimientos amplios y permanentes. Sin embargo, la recuperación de esta historia exige de una enorme voluntad política que apueste a construir una respuesta regional y coordinada.
Es urgente reemplazar este modelo securitario y restrictivo de las migraciones que está avanzando por uno basado en el respeto y la protección de los derechos de las personas migrantes. La detención y criminalización deben ser sustituidas por políticas de regularización amplias y accesibles y garantías para ejercer el derecho a solicitar asilo.
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Fotografía: Pablo Rojas Madariaga
