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October 22, 2024La migración forzada es un fenómeno complejo que debido a su crecimiento ha ganado cada vez más relevancia en América Latina y el Caribe, puesto que millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos armados, violencia generalizada, persecución y otras formas de violaciones de derechos humanos.
Este artículo hace parte de los hallazgos preliminares de la investigación que se realiza en el marco del proyecto: “Derecho a Defender los Derechos Humanos en Latinoamérica y el Caribe”, obtenidos en tres países específicos (Nicaragua, Honduras y Guatemala), en los cuales la movilidad humana ha sido un tema predominante durante muchos años.
Los datos presentados a continuación destacan el papel fundamental de los liderazgos sociales, comunitarios y el de las personas defensoras de los derechos humanos para contribuir a la protección de quienes están en situación de movilidad humana, especialmente en un entorno marcado por la violencia y la precariedad.
En estos países, las causas de la migración forzada están profundamente arraigadas en problemas estructurales que van desde el empobrecimiento extremo y la falta de oportunidades económicas, hasta la persecución política y la violencia generalizada de pandillas o grupos armados. Las políticas internas de cada país, en muchos casos, han sido insuficientes o incluso han contribuido a la exacerbación del problema. Frente a este panorama desolador, el liderazgo de las personas que trabajan por los derechos humanos se ha convertido en un faro de esperanza para quienes buscan protección, atención y defensa de sus derechos.
Estos liderazgos han logrado, a pesar de los innumerables obstáculos, ofrecer un soporte vital a personas que transitan entre los países y buscan una vida más digna y un mejor futuro.
Uno de los hallazgos más destacados es el papel fundamental que desempeñan las organizaciones locales e internacionales en el apoyo y la formación de estos liderazgos. Asimismo, se resalta el crecimiento de la red de colaboración entre defensores-as de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales. Estos actores han trabajado de manera conjunta para asegurar que la población en movilidad forzada no solo reciba asistencia básica, sino también protección legal, apoyo psicosocial y atención humanitaria en albergues y casas de acogida. Las redes han facilitado la implementación de programas de capacitación destinados a fortalecer los liderazgos sociales y comunitarios, que a menudo son el primer recurso al que acuden las y los migrantes en situación de vulnerabilidad.
Las y los líderes sociales y comunitarios han desempeñado un papel crucial en la defensa de los derechos de la población migrante. Su acción ha sido determinante en la provisión de información sobre derechos, la asistencia en la gestión de documentación y la orientación sobre los mecanismos de protección internacional disponibles.
La mayoría de estos liderazgos surgen de las propias comunidades que han migrado, lo que les otorga una mayor legitimidad y capacidad para entender las necesidades urgentes que se enfrentan. Sin embargo, este tipo de activismo no está exento de riesgos. En los países analizados, estas personas defensoras de DD.HH. han sido víctimas de amenazas, hostigamientos e incluso asesinatos. A pesar de estos peligros, siguen trabajando incansablemente por la protección de quienes se encuentran en situación de movilidad forzada.
El impacto de la migración forzada en los tres países presenta algunas características en común. En primer lugar, es evidente que las políticas nacionales no han sido suficientes para mitigar el desplazamiento masivo. Las respuestas gubernamentales tienden a centrarse en el control de las fronteras y la criminalización de la migración irregular, en lugar de abordar las causas subyacentes que obligan a migrar. Estas políticas restrictivas, además de ineficaces, incrementan la vulnerabilidad, y dificultan su acceso a protección adecuada. En este contexto, las y los defensores de derechos humanos se convierten en los principales intermediarios entre quienes migran y las instituciones gubernamentales, ejerciendo presión para que se respeten sus derechos humanos fundamentales.
Un aspecto importante que surge del análisis es la relación entre el liderazgo y el enfoque de género en la protección de las y los migrantes. Las mujeres, en particular, enfrentan riesgos diferenciados y agravados en los procesos migratorios, tales como las violencias de género. En este contexto, las y los líderes sociales comunitarios han sido clave en la creación de espacios seguros, no solo para brindar un refugio físico, sino también, garantizando asistencia legal y psicológica especializada. El enfoque de género ha sido una de las grandes contribuciones de organizaciones y personas defensoras de derechos en estos países, ampliando su trabajo a la atención y acompañamiento a personas con diversidad sexogenérica.
En términos de resultados, los esfuerzos de las y los líderes comunitarios han logrado mejorar la situación de miles de personas en movilidad humana forzada. Aunque el contexto es extremadamente adverso, las acciones de protección y defensa de los derechos humanos han permitido salvar vidas y ofrecer alternativas seguras para las y los migrantes. Los testimonios recogidos en los países analizados muestran cómo estos liderazgos han facilitado el acceso a refugios, la regularización de la situación migratoria y la integración en las comunidades receptoras. No obstante, los desafíos continúan siendo inmensos. Las políticas restrictivas, la falta de recursos y la creciente hostilidad hacia esta población en algunas áreas, complican el trabajo de quienes defienden los derechos y limitan el alcance de sus intervenciones.
En estos tres países evidencian la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección para las personas en movilidad humana forzada, y reconocer el papel fundamental de defensoras-es de derechos humanos. Estos liderazgos se han convertido en los verdaderos guardianes de los derechos de personas migrantes y refugiadas, proporcionando asistencia en un entorno hostil y arriesgando sus propias vidas en el proceso.
Para mejorar la situación de las personas migrantes y refugiadas, es necesario que los gobiernos trabajen en articulación con estos actores/as locales, reconociendo sus liderazgos y apoyando sus esfuerzos a través de políticas más humanas e incluyentes. Así mismo, garantizando los derechos de las personas migrantes y en necesidad de protección internacional. Esto debe ser una prioridad en la agenda de derechos humanos en América Latina y el Caribe.
El proyecto “Derecho a Defender los Derechos Humanos en Latinoamérica y el Caribe” es liderado por CODHES, con apoyo del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de India.