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February 11, 2025Colombia enfrenta hoy una de las mayores crisis humanitarias de los últimos diez años frente a los hechos ocurridos en la última semana en la región del Catatumbo donde más de 32 mil personas han sido desplazadas forzosamente entre el 16 y el 21 de enero*, en cuatro eventos de desplazamiento masivo ocurridos en los municipios de Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú. De acuerdo con Naciones Unidas, para el 23 de enero, el número de víctimas de desplazamiento forzado habría llegado a 41.000 personas.
La crisis ocurre como consecuencia de las acciones de guerra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en confrontación contra el Estado Mayor de los Bloques (EMB), contra la población civil, constituyendo graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Esta guerra en la región del Catatumbo es uno de los 8 conflictos armados No internacionales vigentes en Colombia. El Sistema de Información de CODHES registra que desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, en esta región se han presentado al menos 111 eventos de desplazamiento y más de 65.446 víctimas, lo que equivale al 14.22% del total nacional.
El desplazamiento masivo no solo constituye una crisis humanitaria, sino que, según el Estatuto de Roma, representa un crimen de lesa humanidad, especialmente cuando se realiza de manera sistemática contra poblaciones civiles. Esta práctica atenta contra la dignidad humana, privando a miles de familias de sus hogares y medios de subsistencia, y condenándolas a la precariedad en condiciones de vulnerabilidad extrema.
En lo que va de 2025, la situación en el Catatumbo también ha estado marcada por una masacre en Tibú, donde tres personas, incluida una bebé de 10 meses, fueron asesinadas, y el homicidio de cuatro excombatientes de las FARC-EP y un líder social en diversos municipios de la región. Además, al menos 1.268 personas permanecen confinadas, 968 de ellas pertenecientes al pueblo indígena Motilón Barí, que enfrenta un riesgo inminente de desplazamiento.
El uso del desplazamiento forzado como estrategia de control territorial y población es una violación del Derecho Internacional Humanitario y un grave crimen de guerra. La comunidad internacional, las agencias humanitarias y el Estado colombiano tienen el deber de responder con urgencia para frenar la espiral de violencia y proteger a las comunidades afectadas.
Es urgente el cese de las hostilidades, se respeten los derechos fundamentales de la población civil y garanticen medidas inmediatas para atender esta crisis. Asimismo, que se implementen Planes de contigencia a nivel de los municipios afectados.
FLUJO DE DESPLAZAMIENTOS FORZADOS POR MUNICIPIOS EN EL CATATUMBO