¡Migrar es un derecho humano!

¿Por qué migrar es un derecho? Una mirada a su conexión con otros derechos

Por: Nicolás Bermúdez Pitta, investigador proyecto “Derecho a Defensor de los Derechos Humanos en Latinoamérica y el Caribe”

La Migración es un derecho humano fundamental, reconocido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reafirmado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual ha sido firmado y ratificado por la enorme mayoría de los Estados incluyendo casi todos los de América Latina y el Caribe, con excepciones como Cuba, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves.

Existen diversos instrumentos de derecho internacional que protegen a las personas en movilidad humana, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (1990), y la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954), entre otros protocolos, pactos y convenciones. A pesar de estos acuerdos, algunos Estados aún se niegan a reconocerlos o ratificarlos.

En este contexto, es importante reconocer que la migración puede surgir por diversas razones, en América esta se ha dado principalmente por personas cuyo propósito es buscar la garantía de sus derechos, esto incluye el derecho a una vida digna, oportunidades económicas, laborales, y acceso a derechos y servicios básicos como salud, educación o vivienda de calidad que a menudo son precarios o inexistentes en sus países de origen.

En otros casos, las personas se ven obligadas a huir de su país debido a situaciones de violencia, como amenazas, persecuciones o agresiones en su contra o contra sus familias, lo que puede derivar en que ya no pueden permanecer allí y si regresan, estarían arriesgando su vida o integridad porque el Estado no puede o no tiene las capacidades para protegerlos. Estas son las personas con necesidad de protección internacional o que requieren de asilo o refugio. También hay quienes se han visto obligados a migrar por afectaciones relacionadas con emergencias climáticas o desastres naturales, un fenómeno complejo que plantea la necesidad de reconocer a los “refugiados ambientales”.

Si bien los Estados tienen autonomía para establecer controles migratorios y controlar el ingreso y la permanencia de personas de otras nacionalidades en su territorio, surge la pregunta ¿tu Estado realmente reconoce y respeta el derecho a migrar?

Desde CODHES, en el marco del proyecto “Derecho a defensor de los derechos humanos en América Latina y el Caribe” hemos observado, junto a más de 30 organizaciones en 10 países, que los controles migratorios impuestos por los Estados frecuentemente vulneran o limitan el derecho a migrar.

En ocasiones, se impide el ingreso de personas por situaciones asociadas con racismo, clasismo, aporofobia o xenofobia. Por ejemplo, la entrada a algunos países muchas veces se puede ver como arbitraria, en ocasiones se requieren de pagos elevados de visados, costosos trámites de regularización e incluso se exigen condiciones económicas que resultan siendo inalcanzables para quienes migran.

También, en la mayoría de los países de América, el derecho al asilo o refugio se ven obstaculizados por trámites largos y confusos, y por la negativa de las autoridades a procesarlos a pesar de estar obligadas por leyes nacionales e internacionales. Además, existen múltiples denuncias de maltratos y abusos contra migrantes por parte de autoridades migratorias y militares en países como México, Ecuador y Colombia.

Los controles migratorios no detuvieron la migración impulsada por la necesidad y urgencia de buscar una vida digna y casi ningún país cuenta con visados ​​o corredores humanitarios para la población que busca protección internacional. Por ello, debemos preguntarnos ¿qué otros derechos se ven afectados al limitar el derecho a migrar?

Al limitar la migración, se vulneran derechos fundamentales como el derecho a la vida, la integridad personal, la seguridad, la libertad, la salud, la alimentación, la educación y el trabajo, ya que muchas personas migran para garantizarlos. Además, se afectan derechos específicos como el derecho al asilo, a la unidad familiar y a la libre circulación, entre otros.

Por todo lo anterior, es crucial reconocer la conexión directa entre el derecho a migrar y otros derechos humanos. Igualmente, les invitamos a preguntarnos: ¿en su país se niega o se limita desproporcionalmente el derecho a migrar? y si es así,   ¿Esta limitación vulnera otros derechos fundamentales?

En este sentido es importante reconocer el rol de las personas líderes y defensoras de los derechos de la población en movilidad humana que trabajan por la defensa del derecho a migrar, así como de todos los derechos incluidos la seguridad y la vida misma.

Proteger y reconocer la labor de las personas defensoras de la población en movilidad humana es urgente. #Conectaporlosderechos